Procuraduría del JNE denuncia a Jorge Ugarte por protestas frente a la casa de Roberto Burneo
La Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) denunció penalmente a Jorge Ugarte Olivera, conocido como "El Profe sobre ruedas", por el presunto delito de sedición, al convocar una manifestación masiva frente al JNE y a la casa de Roberto Burneo, y llamar a un "golpe cívico militar" y a la intervención de las Fuerzas Armadas.
Para fundamentar la denuncia, el JNE señala la “especial gravedad institucional, constitucional y electoral” al haber convocado, dirigido, orientado e incitado a un grupo de 500 personas para concentrarse en las instalaciones del JNE y en la vivienda de Burneo.
Como medios probatorios, presentaron un informe emitido por la Oficina de Seguridad y Gestión de Riesgos Institucionales del JNE, un video difundido en TikTok y publicaciones en X.
Como parte de los actos de investigación, solicitan la declaración de Ugarte Olivera para que aclare quién le brindó la dirección del presidente del JNE, explique su participación en la manifestación y especifique el sentido de sus expresiones vinculadas a un “golpe cívico militar”.
Además, se exige la identificación plena de la persona de sexo femenino que habría proporcionado la dirección de forma verbal a Ugarte, “a fin de determinar su grado de participación, su vínculo con el denunciado y su conocimiento previo de la dirección”.
Asimismo, se dispone la visualización, extracción y lacrado del contenido audiovisual correspondiente a los enlaces de TikTok para levantar el acta respectiva.
Adicionalmente, se solicita la transcripción integral o, al menos, de los segmentos relevantes de los videos, sobre todo de aquellos donde se hace referencia a un “golpe cívico militar” y se profieren expresiones agraviantes contra Roberto Burneo.
El Jurado Nacional de Elecciones condena amenazas en exteriores de casa de Burneo
El 1 de mayo, el JNE publicó un comunicado en el que rechazó lo sucedido en las afueras de la casa del titular del organismo electoral. “Estas conductas son inaceptables en un Estado de derecho y constituyen un intento de presión indebida que vulnera la institucionalidad democrática”, se lee.
Además, señaló que los ciudadanos podían protestar de manera pacífica. Sin embargo, el derecho a la manifestación no contempla un comportamiento intimidatorio o amenazante.
“Cualquier acción que pretenda ejercer presión o afectar la independencia de la función jurisdiccional será rechazada con firmeza y puesta en conocimiento de las autoridades competentes para las acciones que correspondan”, se lee en el comunicado.