El Gobierno paga la repatriación de activistas como los de la Flotilla pero no planea ampliarlo a otras emergencias
El Ministerio de Asuntos Exteriores está trabajando activamente para que Israel libere a Saif Abukeshek, el activista español de origen palestino detenido mientras iba a bordo de la Global Sumud Flotilla. Una vez esté en libertad, algo que no sucederá antes del domingo, podrá ser repatriado a España y será el Gobierno quien correrá con los gastos de dicha repatriación. El procedimiento será el mismo que tuvo lugar el año pasado con los 50 españoles que también fueron detenidos cuando las autoridades de Israel abordaron la Flotilla.
Sin embargo, el privilegio de que los gastos de la repatriación sean cubiertos por el Estado no es algo aplicable a todas las emergencias. Por ejemplo, en 2024 la familia de Ángela Agudo, una joven de 24 años que entró en coma tras un accidente de moto en Tailandia, tuvo que recaudar 300.000 euros para poder traerla de vuelta.
A pesar de esa clara diferenciación, el Gobierno no tiene la intención de ampliar el rango de emergencias cuyas ayudas son costeadas por el Estado. Así se deduce de una respuesta parlamentaria emitida por el Ejecutivo y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.
El pasado mes de marzo, el PP en el Congreso de los Diputados registró una pregunta por escrito en la que denunciaba que el Gobierno "ha venido actuando con prioridades muy discutibles en la prestación de ayuda consular a españoles en el extranjero". Su argumento fue que la Orden AUC/154/2022 firmada por José Manuel Albares, la que establece en qué casos el Estado paga ayudas a fondo perdido y en qué casos hay que devolver el dinero, genera desigualdades.
En concreto, en sus artículos 5.1 y 5.2 la Orden dicta que todas las ayudas son reintegrables (es decir, que corren a cuenta de los interesados) excepto las de "subsistencia, las ayudas a personas detenidas, las ayudas para inhumación o incineración, las ayudas extraordinarias [...] de prestación de asistencia psicológica con carácter de emergencia y las ayudas a personas menores de edad".
Esto significa que los españoles detenidos en el extranjero, como es el caso de los integrantes de la Flotilla, pueden ser repatriados gratis pero si alguien se encuentra enfermo y necesita, por ejemplo, un avión medicalizado para volver, eso se lo tiene que pagar de su bolsillo.
En su pregunta parlamentaria, el PP traslada al Gobierno si se plantea modificar la regulación de esas ayudas, "para que las personas repatriadas por encontrarse detenidas no disfruten de condiciones más ventajosas respecto a otras personas repatriadas por otros motivos, incluyendo los de carácter sanitario". El PP también pide que el Ejecutivo haga públicas las consideraciones legales que haya hecho el Consejo de Estado a dicha Orden. Aunque no se conocen, se sabe que existen porque el propio texto de la norma lo reconoce.
El Gobierno, sin embargo, ha sido muy escueto en la respuesta. Según la misma, la Orden de Exteriores "establece unos claros requisitos formales que constituyen el elemento fundamental para la determinación de los posibles beneficiarios". Añaden también que la Orden recoge un procedimiento "muy específico para su gestión, así como una serie de modalidades de ayuda bien definidas". Es decir, que las condiciones son las que son y no está prevista una modificación. Sobre el Consejo de Estado, ni responden.