De todos los frentes que el líder de Vox, Santiago Abascal, mantiene abiertos con la Iglesia española, quizá el más llamativo sea el de acusar a los obispos de hacer «negocio con la invasión» de inmigrantes. Una expresión que incluso encontró un reflejo político en el pacto de gobierno sellado por su formación con el PP en Extremadura, donde se plantea suprimir «subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades» que, a su juicio, favorezcan la inmigración ilegal. Desde la formación verde han llegado a sugerir que la medida también incluiría a Cáritas. Sin embargo, las cifras dibujan una realidad muy distinta. Según el 'Informe de Economía Solidaria', Cáritas destinó 157,3 millones de euros a iniciativas de economía social , una cifra récord que supone un incremento del 8,63% respecto al ejercicio anterior, es decir, 12 millones más. De esa cantidad, mientras la mayoría del presupuesto proviene de la facturación por ventas de las líneas de negocio de las diversas empresas de inserción, apenas el 30% proviene de fondos públicos. Esos 157,3 millones de «inversión total» –como desde Cáritas prefieren denominar a los gastos de estas empresas– sirvieron para atender a 65.650 personas, con diferentes problemáticas que impedían su inserción laboral. De ellos, 14.639 consiguieron insertarse en otras empresas externas, un 22,33% del total, dos puntos porcentuales por encima del ejercicio anterior. Más allá de la cifra, Cáritas defiende que el retorno económico de estos programas supera ampliamente la inversión inicial. La razón no se limita al empleo. «Las personas ganan en autoestima, en reconocimiento social y en acceso a derechos», explica a ABC Ana Heras, coordinadora del equipo de Economía Solidaria de Cáritas Española. Cuando estas personas logran estabilizar su situación laboral, dejan de depender del sistema asistencial para pasar a «contribuir de un modo activo al desarrollo económico común a través de su contribución en impuestos y en consumo». El caso de Aziza Radbane Ripoll lo resume bien. Española, de 36 años, hija de padre magrebí y madre leridana, arrastra una vida laboral precaria y una situación personal compleja, con problemas con la justicia incluidos. Hoy es madre soltera de una niña de diecisiete meses, vive en un piso de acogida y ha reconducido su vida. Ha encontrado trabajo en la cafetería D'Ins Xior, ubicada en una residencia universitaria de la Universitat Politècnica de Catalunya, uno de los establecimientos en los que Cáritas realiza diversos itinerarios formativos y de inserción laboral. Aziza llevaba meses buscando un trabajo que le permitiera conciliar con la crianza de su niña. «No quería otro trabajo, aunque fuera mejor pagado, porque quería estar con la niña», dice. Sabe que este será temporal, de tránsito hasta otro fijo, porque los programas de inserción permiten una serie de contratos semestrales hasta un límite de tres años. Pero confía en que sus conocimientos de alemán, italiano y francés, fruto de su periplo vital por varios países europeos, y la experiencia adquirida en este trabajo le permitan encontrar empleo en un restaurante cuando acabe el programa. En las cocinas centrales del programa D'ins, Jocelyn Portillo ofrece un testimonio parecido. Nació en El Salvador hace tres décadas, y desde los 18 vive en España. También es madre soltera y el maltrato al que le sometió su expareja le provocó graves crisis de ansiedad y la llevó a abandonar Ibiza, donde vivía. En esa huida, acabó en Barcelona, donde la asistente social y Cáritas le ofrecieron un piso y un trabajo de inserción. La experiencia vital de Mohamed Sarr es diferente. Nació en Senegal hace 20 años y llegó a España con 14. «Vine solo, la familia está allá», cuenta. Pasó su adolescencia en varios centros tutelados, mientras se sacaba la ESO. Fue uno de los 'menas' de los que habla Vox. Tras verse obligado a abandonar un ciclo de grado medio «por problemas económicos», ahora lleva un año y cuatro meses en la cocina del proyecto. Su objetivo es «montar un restaurante de comida española y senegalesa para enseñar a la gente la comida europea» en su país. Así, el perfil de los participantes en los programas de inserción coincide con el retrato de la exclusión en nuestro país: la mayor parte de los atendidos son mujeres (un 64%), de más de 45 años (el 40%), sin estudios o con estudios mínimos o básicos (51%) y procedentes de países extracomunitarios (el 58%). Pero ninguno está en situación irregular , puesto que el permiso de residencia es uno de los requisitos para ser contratado. La iniciativa se enmarca dentro del proyecto Maná, uno de los programas de economía social de Cáritas. Financiado en parte por el Fondo Social Europeo, su objetivo es doble: además de generar empleo inclusivo, contribuye a la reutilización de alimentos recuperados procedentes de donaciones de supermercados y distribuidores con una fecha próxima de caducidad o excedentes. Los alimentos recuperados suponen en torno al 20% de la materia prima. El programa se enmarca dentro de lo que Cáritas denomina Economía Solidaria. Poco más de la mitad (24,71 millones) de las acciones de empleo provienen de fondos públicos. En el comercio justo, los 823.000 euros invertidos proceden directamente de la facturación y de fondos propios de Cáritas. Ya en el programa de Economía Social –el que crea de forma directa los empleos de inserción, como los de Aziza, Jocelyn o Moha–, de los 116,89 millones invertidos, solo el 20% (23,99 millones) proviene de subvenciones. «Gracias a estos proyectos, generamos 1.606 puestos de inserción , por los que han pasado 2.725 personas, de las cuales 434 accedieron finalmente al mercado laboral ordinario», explica a este diario Rubén Requena, técnico de Empleo y Economía Social de Cáritas. Unas cifras que refuerzan la tesis de la entidad: más que un gasto, se trata de una inversión con retorno social y económico.
