Hace ya casi cuatro décadas que finalizó la construcción de la SE-20 , una carretera que nació para unir los desarrollos urbanísticos que se estaban llevando a cabo en la Isla de la Cartuja con la autovía de Madrid que daba acceso al aeropuerto de San Pablo. Sin embargo, la ronda Súpernorte no ha sido nunca una de las vías preferidas por los sevillanos para desplazarse y eso ha contribuido a que la inversión en obras de mantenimiento por parte del Gobierno de España –su titular hasta hace relativamente poco tiempo– haya sido prácticamente inexistente. Pero lo cierto es que los desvíos por la llegada de las obras de la línea 3 del metro a la Ronda Urbana Norte, junto a la mudanza del Betis al estadio de la Cartuja, han multiplicado las cifras de circulación de vehículos por ella y han sacado también a la luz las graves deficiencias en la conservación de la calzada y el pavimento. El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado recientemente unos trabajos para la rehabilitación de los más de diez kilómetros de extensión de la SE-20, que se han visto salpicados por una serie de problemáticas como el temporal de lluvias que ha afectado a la capital hispalense durante el pasado invierno y la necesidad de volver a licitar la actuación después de que se le adjudicara a una empresa –Obras Públicas y Regadíos, S.A.– que tuvo que declararse en concurso de acreedores después de verse vinculada con la trama corrupta del caso Koldo. A pesar de todo, la intervención ya ha comenzado en uno de sus primeros tramos, con una inversión global de más de seis millones de euros que saldrán íntegramente de las arcas municipales. Entre otras cosas, porque la cantidad que se comprometió a pagar el Gobierno de España para la reforma integral de esta carretera continúa todavía sin llegar y acumula un retraso que alcanza ya los tres años. La historia se remonta al mes de marzo del año 2023, justo tres meses antes de que se celebraran las elecciones municipales que le dieron la Alcaldía de Sevilla al popular José Luis Sanz. Ese día, en una de las salas principales de la Casa Consistorial, se produjo la firma de un convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ayuntamiento hispalense, representados ambos por sus máximos responsables: la ministra del PSOE Raquel Sánchez Jiménez y el regidor socialista Antonio Muñoz. Por medio de este acuerdo, el Estado traspasaba la titularidad de esta carretera a la ciudad, en el que se incluían además un par de terrenos de la N-630 en el término municipal de Santiponce que también pasarían a ser gestionados por los responsables municipales en la Plaza Nueva. Pues bien, aquel documento recogía claramente la necesidad de acometer unas obras de mejora para resolver las deficiencias que presentaban tanto la calzada como la mediana de esta carretera y que, de hecho, habían sido las principales causantes de los recurrentes accidentes registrados en toda la extensión de la SE-20. A través de este convenio, sería el Gobierno el que asumiría el coste de estos trabajos, que se presupuestaron entonces en unos 3,78 millones de euros . Una cantidad que el Ministerio haría llegar a Sevilla en tres anualidades, a razón de dos pagos de 1,86 millones en los años 2023 y 2024 y un tercero superior a 65.000 euros en el año 2025. Pero la realidad es que el documento que dejó firmado el socialista Antonio Muñoz no pasó de papel mojado y a día de hoy la capital hispalense no ha recibido ni un solo euro de las cantidades que se pactaron –y firmaron– en marzo de 2023. Los retrasos en el aporte económico del Estado obligaron a que se firmara una primera adenda entre las dos partes con la que hacer un reajuste en la programación inicialmente prevista. En concreto, el documento se rubricó el 11 de junio de 2024, cuyo objeto era el reajuste de todas las anualidades y el cambio de la denominación del Ministerio, que pasó a ser de Transportes y Movilidad Sostenible. Ya entonces, el mismo estaba dirigido por el actual ministro socialista Óscar Puente . La distribución de anualidades aprobada pasaba por la transferencia de 1,86 millones de euros en 2024, de algo más de 1,38 millones de euros en 2025 y de 537.000 euros en 2026. Pero lo cierto es que este acuerdo tampoco se ha cumplido y a día de hoy sigue sin llegar ni un céntimo de esta cantidad al Ayuntamiento. De hecho, el alcalde José Luis Sanz ya anunció en su momento que el gobierno municipal asumiría todo el coste de la reforma con fondos propios ante la dejadez estatal. En una reunión mantenida el pasado 21 de octubre de 2025, la comisión de seguimiento y control del convenio suscrito dio cuenta del estado en el que se encontraban las actuaciones y consideró oportuno consignar el importe íntegro a financiar por el Ministerio en el ejercicio 2026, ya que durante los anteriores no se había transferido nada. Esta nueva adenda redactada por el Gobierno de España ha coincidido en el tiempo con el inicio de las obras de rehabilitación de esta carretera por parte del Ayuntamiento, ya que no se podía dilatar más el arreglo de una vía que cada vez acumula más tráfico y en la que los accidentes eran muy recurrentes, especialmente en las épocas de peor tiempo meteorológico. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo debe aprobar hoy el contenido de este documento para que sea elevado al Pleno. Será, por tanto, la sesión plenaria del próximo 21 de mayo en el Salón Colón la que tenga que dar su visto bueno definitivo a la tercera versión del pacto entre el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Sevilla. En ella se deja por escrito que el Gobierno de España asumirá el pago de los casi 3,8 millones de euros a través de una única transferencia que se llevará a cabo durante este año 2026, aunque sin concretarse una fecha exacta. Eso sí, desde que se comprometió la primera vez a financiar el arreglo hasta que, ahora parece que sí, se hará efectiva la transmisión del dinero, el precio de la rehabilitación de los más de diez kilómetros de la SE-20 se ha duplicado y tendrá que ser la capital hispalense la que termine asumiendo de sus arcas municipales el resto de la cantidad para poner al día una vía que heredó en un pésimo estado de conservación y que el PSOE de Sevilla aceptó así sin poner pegas ni reparos a sus compañeros de partido en Madrid.
