El derrumbe del puente Morandi de Génova, en agosto de 2018, provocó una psicosis que llevó a revisar este tipo de infraestructuras por todo el mundo. El del Centenario en Sevilla fue objeto de una revisión que reveló que los tirantes se encontraban al final de su vida útil. Aquello motivó que el Ministerio de Transportes, cuyo titular era José Luis Ábalos, viera una oportunidad para emprender su sustitución de forma urgente y, al mismo tiempo, se aprovechara para ampliar el tablero con más carriles tomando como referencia la gran obra que se llevó a cabo con el puente de Rande en Vigo. Todo aquello, en un contexto electoral que quiso usarse para beneficiar políticamente al por entonces alcalde, Juan Espadas, de cara a las municipales de 2019. La experiencia exitosa con el de Rande daba garantías. Esa actuación para ganar un 40% de capacidad de tráfico la ejecutó el Gobierno de Mariano Rajoy en apenas 35 meses, con una inversión de 191,6 millones. El de Vigo se amplió a tres carriles por sentido, siendo más grande que el del Centenario, con un vano central de 400 metros de luz (por 265 del viaducto de Sevilla), y con un gálibo de 128 metros sobre el agua (por 45 del puente hispalense). La operación de ingeniería fue de tal calibre que le valió el prermio ITS 2019 a la Mejor Estructura -el 'Nobel' de las infraestructuras-, calificándolo como el segundo mejor puente del mundo y el primer atirantado del planeta que fue ampliado. Por eso, apenas un año después de la conclusión de aquellas obras, el Ministerio de Ábalos quiso emular el éxito de su antecesor, Íñigo de la Serna. El sistema que se tendría que llevar a cabo era similar: ponerle 'alas' al puente del Centenario. Es decir, se adosaría una nueva plataforma ampliando la anchura original de los tirantes y las dovelas, todo ello sin interrumpir la circulación. La inversión del Gobierno fue de 191,6 millones de euros, contando ahí las expropiaciones, las asistencias técnicas, la vigilancia y la redacción del proyecto, además de las obras, cuyo presupuesto fue de 167,2 millones; 62 más que lo inicialente presupuestado. Sus obras empezaron en 2014 y acabaron en plazo, en 2017. Si se compara con el acumulado de chapuzas que lleva el del Centenario, el fracaso del Ministerio de Transportes desde entonces es evidente: se presupuestó en 86 millones y 27 meses de plazo de ejecución. Con los modificados y los retrasos, ya va por 136 millones y cinco años de trabajos, ahora parados después de que la UTE -Acciona, Tecade y Freyssinet- haya pedido la resolución del contrato. Según el Ejecutivo, que ha mantenido esta obra salpicada también por la corrupción dentro de la máxima opacidad, apenas le queda un 10% para su terminación, en referencia a la sustitución de los tirantes y la ampliación del tablero. Si bien, la realidad es que aún ni siquiera está presupuestada la reforma de los vanos de aproximación. Ahora se abre un periodo de disputa entre la principal concesionaria, Acciona, con el Ministerio, ya que éste considera que está obligada a terminar la obra contratada, mientras la constructora entiende que sólo tiene que asegurar la obra hasta que venga la siguiente. La realidad, es que el departamento que ahora dirige Óscar Puente tiene que sacar un nuevo expediente para contratar la terminación de las obras, que se han quedado a medias. Ya sea por urgencia o por licitación pública, fuentes especializadas del sector de las ingenierías entienden que, como mínimo, la parálisis durará un año, más el tiempo que se tarde en rematar las obras. Y esto, sin contar con la revisión del presupuesto para concluir la ampliación, que hará que se multiplique el coste final.
