Hacienda y la inflación castigan el bolsillo de los hogares de la clase media
La pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas apenas deja ya margen de maniobra para gastos no esenciales y condena a millones de personas a vivir en situación de vulnerabilidad económica, máxime cuando la renta real de los hogares se ha desplomado. Con una inflación al 3,2% en abril y un 2,8% de la subyacente, los precios han subido un 25% desde que gobierna Sánchez, pero la cesta de la compra lo ha hecho un 42%, mientras que los salarios se han incrementado solo un 17%.
Así, el INE ha situado la inflación por encima de la frontera del 3% pese al plan anticrisis aprobado por el Gobierno, que a duras penas ha logrado sostener los precios por el efecto del «escudo renovable» apenas dos décimas de moderación del IPC de abril, gracias a que el precio de la electricidad disminuyó más que en el mismo mes de 2025 y a que se frenaran los precios de los paquetes turísticos.
Esta bajada de la factura de la luz ha logrado contrarrestar el despegue de los carburantes, que continúa siendo el producto distorsionador que más presiona al alza, «reflejo de la persistencia del shock externo derivado de la guerra en Irán», apuntan fuentes del Ministerio de Economía, que destacan que España es, desde el inicio del conflicto, el tercer país de Europa donde menos han crecido los precios del mercado mayorista de electricidad. «Esto demuestra el elemento adicional de soberanía energética y de protección que supone el actual mix energético en España y la elevada presencia de renovables».
En términos mensuales, el IPC subió un 0,4%, moderando en ocho décimas la subida experimentada en marzo, del 1,2%, pero con el incremento de abril, esta inflación acumula tres meses consecutivos de alzas. Respecto a la subyacente –que excluye energía y alimentos no elaborados–, esta se moderó una décima y se situó en el 2,8%.
Pese al martillo pilón en que se ha convertido la inflación para las rentas de los hogares, Hacienda sigue sin tener ninguna intención de deflactar la inflación sobre el IRPF. Los analistas del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) advierten de que la evolución de precios y salarios se ha traducido en un «sobrecoste fiscal» que alcanza entre 628 y 1.482 euros en los últimos cuatro años, según el salario de cada contribuyente. Así, un trabajador que cobraba 22.186 euros en 2021 y al que se le hubiera subido el sueldo conforme a la media de los convenios desde entonces, habría pagado 628 euros extras de IRPF entre 2022 y 2025 que si la tarifa se hubiera ajustado, una cifra que equivale al 19,7% de su incremento salarial. En el caso de un trabajador que cobrara 24.918 euros en 2021 habría pagado un sobrecoste de 821 euros, el 22,7%; uno que cobrara 45.000 euros, un exceso de 1.317 euros, un 20,2%; y para uno que cobrara 60.000 euros serían 1.482 euros, un 17,4%.
Por tanto, la no deflactación de la tarifa del IRPF estatal y la falta de actualización de los mínimos personales, familiares y resto de parámetros en un entorno inflacionista eleva el sobrecoste fiscal medio para cada contribuyente hasta un máximo que roza el 23%, acumulado desde el año 2022. Este cálculo tiene en cuenta el alza salarial registrada anual, desde el 3,21% de 2022, al 3,69% de 2023, el 3,33% de 2024 y el 3,54% del año pasado. Según adelantaba el REAF en su último informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2026, la negativa de Hacienda a ajustar la inflación ha provocado que la factura fiscal estatal sobre el contribuyente haya costado solo en el último año casi 12.000 millones de euros al bolsillo de los contribuyentes españoles.