La sombra del juicio de la «Kitchen» se enreda en los fondos reservados
La sombra de la «Operación Kitchen» creció este martes entre versiones opuestas sobre el supuesto uso o no de los fondos reservados. Porque, por un lado, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que en el momento de los hechos era el director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad en la época del acusado Francisco Martínez, [[LINK:INTERNO|||Article|||69f08856eadda700075f7352|||aseguró que nunca hubo «irregularidades» en la gestión de los fondos reservados]].
Incluso, afirmó que no recordaba que se hubiese pagado con este dinero una operación policial llamada «Kitchen» y que, mucho menos, llegaron a su gabinete los recibís de los fondos que recibió como colaborador el exchófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos –acusado también en la causa– y que figuran en el sumario del procedimiento.
Sin embargo, por otro lado, Eduardo Lacasa, exsecretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional –es decir, del también acusado Eugenio Pino– confirmó ante el tribunal que enjuicia la «Operación Kitchen» los pagos de 2.000 euros a Ríos como confidente y señaló también los fondos reservados que recibieron los comisarios Enrique García Castaño, José Manuel Villarejo y Andrés Gómez Gordo por orden directa del entonces DAO.
Con las testificales de este martes se arrojó, nuevamente, la duda, no tanto respecto a si la trama parapolicial orquestada para espiar al extesorero del PP y robarle datos «sensibles» que pudieran afectar al partido se valió de los fondos reservados o no, sino en qué punto de la estructura jerárquica se acometió el delito de utilizarlos para fines «no justificados».
Según explicó en su comparecencia Pérez de los Cobos, obligado a decir la verdad, la condición de su cargo le obligaba a ejercer un control «documental» sobre el uso de los fondos reservados, pero no justificativo. De hecho, explicó que él no tenía información concreta sobre los confidentes o las operaciones policiales a las que se destinaba el dinero y que estas en muchas ocasiones superaban el «centenar».
En otro orden de las cosas, el coronel se limitó a explicar con detalle el funcionamiento del sistema de fondos reservados, regulado por una ley de 1995 y una orden comunicada que establece distintos niveles de control.
Según indicó, la «caja superior» se encontraba en la Secretaría de Estado de Seguridad, bajo su responsabilidad, desde donde se distribuían los fondos a las unidades operativas de Policía y Guardia Civil. La cantidad de este dinero estaba fijada en los Presupuestos Generales del Estado y eran librados «trimestralmente» por el Ministerio de Hacienda y gestionados mensualmente.
Para su distribución, él mismo solicitaba a los responsables de las unidades –la Dirección Adjunta Operativa de Policía y Guardia Civil– la cuantía gastada el mes anterior, tras lo cual se procedía a la retirada en efectivo del Banco de España con firmas autorizadas, entre la que se encontraba la del secretario de Estado de Seguridad y la suya propia.
«Por debajo de nosotros estaban la Dirección Adjunta Operativa de la Policía y de la Guardia Civil. A primeros de mes, yo hacía una llamada telefónica a los responsables de caja de cada una para que me dijeran qué cuantías habían consumido el mes anterior. Con la suma, yo expedía un talón e iba a ver al secretario de Estado de Seguridad. Esas cantidades había que extraerlas, en efectivo, del Banco de España. Para ello, se necesitaban mínimo dos autorizaciones: yo, el secretario de Estado y el director del otro gabinete del secretario de Estado», explicó.
Así, negó que el ministro del Interior en la época, Jorge Fernández Díaz, también acusado en la causa, se encargara de supervisar o controlar la gestión de los fondos reservados, y que durante su etapa no se produjo ningún «cambio» significativo en las cantidades de dinero cuando tuvo lugar la «Operación Kitchen».
De hecho, explicó que era cada unidad policial la que remitía a sus superiores los recibos y la justificación de cada gasto, desglosada en conceptos como operaciones o pagos a colaboradores, a la Dirección Adjunta Operativa del cuerpo. Esto, según ha explicado, llegaba a la Secretaría de Estado, donde se comprobaban que las facturas cuadrasen y desde donde se efectuaban las correspondientes entregas de dinero mediante recibís firmados y registrados en libros oficiales.
El coronel dejó claro que él no conocía la cantidad exacta que se abonaba a cada colaborador o a cada operación policial, sino que conocía el cómputo global. Y que la gestión de fondos reservados, en cualquier caso, tenía una responsabilidad en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía y en otros ministerios como el de Defensa o Presidencia.