Un segundo notario tumba el plan de defensa del ex dos de Interior
El notario Alberto Vela Rubio-Navarro reconoció, en la octava sesión del [[LINK:INTERNO|||Article|||69e61c5326a1b0e4dd6863c8|||juicio de la «Operación Kitchen»]], que nunca pudo probar los mensajes que, según afirmaba el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, procedían del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. «Yo nunca pude acreditar esa procedencia», aseguró ante la jueza Teresa Palacios, que preside el Tribunal que enjuicia la causa.
Según su testimonio, se trata de una cuestión que ya reflejó en dos actas notariales que emitió entonces, donde explica que fue el exsecretario de Estado quien le comentó que fue Fernández Díaz quien le había enviado los mensajes en cuestión.
«Yo tenía una relación de amistad con el señor Martínez desde la universidad. Él acudió a Mahón –donde tenía el despacho– a verme como un amigo y aprovechó la visita para requerirme que hiciera las actas. Comprobé los mensajes y los transcribí. Pero es posible decir que son de otra persona que no se corresponde con lo reflejado y además no estoy cualificado como notario para ello», aseguró. El notario afirmó, además, que «había mensajes intermedios que no interesaban al requirente (Martínez) dejar constancia de ellos ». Es decir, que el exsecretario de Estado habría borrado ciertas comunicaciones.
Vela Rubio-Navarro fue acusado, en un primer momento, por un presunto delito de violación de secretos a raíz de, supuestamente, haber alertado a Francisco Martínez de que estaba siendo investigado por el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. Martínez había acudido en junio de 2019 a Vela Rubio-Navarro para que diera fe de que los mensajes que había en su móvil, fechados en julio de 2013 y guardados en un contacto identificado como Fernández Díaz, procedían del exministro. Los mensajes en cuestión avalarían que Fernández Díaz estuvo al corriente de la supuesta trama parapolicial orquestada para espiar a Bárcenas.
La causa contra el notario se inició cuando el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que instruía en ese momento el «caso Kitchen», apreció indicios suficientes para imputar a Vela Rubio-Navarro y envió a los juzgados de instrucción de Mahón el procedimiento, que era en ese momento el juzgado competente para ello. Pero, posteriormente, este órgano judicial y, en línea con la Fiscalía, decretó el sobreseimiento libre de la causa, es decir, el archivo definitivo de la misma.
Ahora, y casi cuatro años después de aquella decisión, el notario se sentaba este martes ante la Audiencia Nacional en calidad de testigo para afirmar también que dejó constancia en el acta notarial de toda la documentación que le entregó Martínez.
Con su declaración, ya es el segundo testimonio que constata que nunca se pudo probar que los mensajes procedieran de Jorge Fernández. El primero fue el de Enrique Augusto Franch, que compareció ante el tribunal el pasado jueves 16 de abril para afirmar que, aunque pudo ver las conversaciones de un contacto bajo el nombre del exministro, nunca se pudo comprobar que procedieran realmente del teléfono del extitular de la cartera.
Según explicó, vio una conversación en el que alguien identificado como «JF» advirtió al secretario de Estado de la existencia de un espía en el entorno de la familia Bárcenas. «Lo que manifiesta Francisco (Martínez) es que eso es un número corporativo asociado a otro número, pero no tengo ni idea. No pude ir más a allá», aseguró.
«No me autorizaron a dar fondos a Villarejo»
El agente José Manuel Benavides, que fue secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional –ostentada desde 2012 por el acusado en la causa Eugenio Pino–, aseguró en calidad de testigo ayer, ante el tribunal que enjuicia la «Operación Kitchen», que el entonces DAO nunca le autorizó a que pagara fondos reservados al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Según ha explicado ante la jueza Teresa Palacios, hubo dos ocasiones en las que Villarejo, acusado también en esta causa, «despachó con Eugenio Pino para que se le pagaran unos gastos de viaje y de manutención, pero de fondos reservados yo nunca le he pagado nada».
El agente era en ese momento el responsable de dar las cantidades de dinero a cada unidad policial, que, previamente, ya habían solicitado a la Dirección Adjunta Operativa. Pero, según confirmó en su testifical, nunca se hacía referencia, en ningún documento, a la justificación del dinero que precisaba cada unidad o cada investigación. «A mí nadie me daba un justificante de en qué se habían empleado los fondos reservados. Yo solo los repartía con mis unidades y todos los meses pasaba un listado con la cantidad que había gastado cada una», detalló.
Sobre los fondos reservados que supuestamente pudo utilizar la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, el agente aseguró que esta unidad no era receptora de estas cantidades y que, por tanto, «supongo que los recibía de la Comisaría General de Información».
En cualquier caso, dos agentes de esta unidad sí afirmaron la pasada semana que llevaron a cabo un volcado de información de, al menos, dos dispositivos de Bárcenas y que, posteriormente, le entregaron el contenido a García Castaño, el comisario jefe de esa unidad por aquel entonces.