Vox eleva la presión y acusa al Gobierno de “desbordar” los servicios sociales con la regularización masiva
Vox ha intensificado su ofensiva contra la política migratoria del Gobierno tras las advertencias de varias administraciones autonómicas sobre el aumento de la demanda en los servicios sociales.
El presidente del partido, Santiago Abascal, ha difundido en las últimas horas varios mensajes en los que acusa al Ejecutivo de provocar un “desbordamiento” institucional con la regularización extraordinaria de migrantes aprobada este mes.
Abascal sostiene que el Gobierno está “regalando los servicios públicos a quienes acaban de llegar”, en referencia al incremento de solicitudes de atención social registrado en comunidades como Madrid, donde se ha pasado, según datos difundidos por la propia administración autonómica, de 1.500 citas diarias a más de 5.500.
Vox interpreta este aumento como una consecuencia directa del proceso de regularización y lo utiliza para reforzar su discurso de “prioridad nacional”.
El líder de la formación denuncia que “cada nuevo detalle de la regularización masiva es más inquietante que el anterior” y acusa al Ejecutivo de actuar con “debilidad” y “complejos” ante lo que considera una presión migratoria creciente.
Sus mensajes forman parte de una estrategia más amplia para situar la inmigración en el centro del debate político, en un momento en el que el Gobierno afronta críticas tanto de la oposición como de algunos sindicatos y administraciones locales por la gestión del proceso.
Abascal endurece su discurso y vincula el aumento de demandas sociales al proceso de regularización impulsado por el Gobierno
Desde el Ejecutivo, distintas fuentes insisten en que la regularización extraordinaria responde a criterios de arraigo, integración y necesidades laborales, y niegan que esté generando un colapso estructural.
Argumentan que el incremento de solicitudes en los servicios sociales se debe a la puesta en marcha de un procedimiento que exige documentación y acreditaciones que muchos migrantes solo pueden obtener a través de estos canales administrativos.
El Gobierno defiende además que la regularización permitirá reducir la economía sumergida, mejorar la recaudación y ordenar situaciones de irregularidad prolongada que afectan a cientos de miles de personas que ya viven en España. Sin embargo, la oposición considera que el proceso se ha activado sin una planificación suficiente y sin un refuerzo paralelo de los servicios públicos.
El choque político se produce en un contexto de fuerte polarización, con Vox reclamando un giro drástico en la política migratoria y acusando al Gobierno de “poner en riesgo” la cohesión social, mientras el Ejecutivo insiste en que la regularización es una herramienta necesaria para garantizar derechos, estabilidad y control administrativo.