Moncloa calcula ya el golpe del caso Begoña en las urnas
Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, está a un paso de sentarse en el banquillo por la comisión de cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. La imagen de la esposa de Pedro Sánchez ante un juez es políticamente demoledora para el Gobierno. El núcleo duro de Moncloa lo sabe. Por eso, según ha sabido LA RAZÓN, por el palacio presidencial ya circulan datos sobre el impacto en el voto de la causa. Incluso se comienzan a hacer sesudos análisis sobre los pros y los contras de un eventual juicio a Begoña Gómez que pueda coincidir con la campaña de las elecciones generales que el presidente sigue convencido de convocar en 2027. La moneda está en el aire. Pero puede caer de pie.
Lo cierto es que el PSOE tiene un problema porque los votantes de centro creen que la causa abierta contra Begoña Gómez «está justificada» y no obedece a complot alguno de la ultraderecha, como el Gobierno lleva dos años cacareando. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó por ello hace justo dos años. Ese barómetro hizo una fotografía de una fractura casi perfecta en la sociedad española por el «caso Begoña». La izquierda interpretaba de forma abrumadora que la investigación era una «manera de hacer daño» a Pedro Sánchez –más del 80% en el extremo ideológico–. Y la derecha sostenía justo lo contrario, con mayorías superiores al 50% que consideraban la causa «justificada». El gran punto de quiebra se situaba entonces en el centro ideológico: a partir del 5 en la escala ideológica, el relato del Gobierno empezaba a resquebrajarse. Y en el 6 ya se imponía la tesis de que hay motivos para investigar. Esa foto se hizo nada más estallar el caso. Tras dos años de instrucción, Moncloa ha intentado desprestigiar la actuación del juez Juan Carlos Peinado para ganar precisamente ese relato en un grupo de votantes que el PSOE ha ido perdiendo poco a poco. En verdad, el CIS retrató hace dos años una batalla de marcos políticos en la que cada bloque interpretó los mismos hechos en claves completamente opuestas.
Entre ambos bloques apenas hay permeabilidad. De manera que la batalla del equipo de persuasión de Moncloa no se está librando en la conversión del adversario, sino en la movilización de los propios. El terreno en disputa es el centro. Y la clave de fondo no es ideológica, sino narrativa. Esa pregunta del CIS –cabe reseñar que no ha vuelto a preguntar por Begoña Gómez– no permite saber solo qué piensa la gente, sino cómo interpreta lo que ocurre. Es, en realidad, un test de marcos para conocer si el ciudadano compra la tesis del «lawfare», es decir, de una persecución política revestida de judicialización, o si, por el contrario, asume que se trata de un caso legítimo que debe investigarse.
Dos relatos cerrados, dos formas de leer la realidad que apenas se tocan. Y, en medio, un electorado que no discute tanto los hechos como el significado que se les atribuye. Es ahí es donde Pedro Sánchez y su mujer se juegan todo. El Gobierno está convencido de que no existen casualidades cuando se trata de una batalla despiadada por el poder en la que incluye a todos los actores: mediáticos, políticos y, por supuesto, judiciales. Por eso, hace tiempo que Moncloa atribuye al juez Peinado toda la intencionalidad política del mundo. El Ejecutivo considera que el togado, con cada paso que ha dado, ha intentado provocar una reacción que pusiera a Sánchez en apuros. Un eventual juicio a Begoña Gómez es una ventana que es probable que se abra en el ciclo electoral de las generales de 2027: desde el auto de apertura de juicio oral suelen transcurrir unos seis meses hasta el inicio de la vista, lo que, de no archivarse el caso, podría llevarlo a celebrarse antes o a las puertas de las generales previstas para julio. No obstante, ese escenario depende, en primer lugar, de la decisión de la Sección 23 sobre los recursos para cerrar la causa y, después, de que el juez Juan Carlos Peinado dicte el auto de apertura, paso para el que ya ha empezado a mover ficha tras dar por concluida la investigación y rechazar el sobreseimiento solicitado por las defensas.
Mientras, el Ejecutivo seguirá presionando para intentar que la Justicia termine con el dolor de muelas que tiene a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez sumidos en la ansiedad permanente. Los propios socialistas advierten de que ese juicio a la mujer de Sánchez, en caso de que llegue a celebrarse –y con jurado–, será el epitafio de la etapa de esta etapa del PSOE a los mandos del país, donde llegó precisamente tras una moción de censura contra la corrupción del PP. Esta semana, Moncloa emprendió una embestida dialéctica sin precedentes contra Peinado y, por extensión, contra parte de la judicatura. El jefe de gabinete del presidente, el brillante académico extremeño Diego Rubio, es el responsable de orquesta. Y los ministros más políticos del Gobierno –Félix Bolaños y Óscar Puente–, tocaron la música. El titular de Justicia y el de Transportes, ambos juristas, se ampararon en su derecho a la libertad de expresión, cuya condición de ministros no limita la Constitución, para dirigir desde la sala de prensa del Palacio de la Moncloa un furibundo ataque a la instrucción y a la credibilidad del juez Peinado. De nada sirvió que las principales asociaciones de jueces del país consideraran «inadmisible» la reacción del Gobierno al auto de procesamiento de Begoña Gómez. Moncloa decidió elevar el pulso a categoría de brutal pelea política. La tensión entre poderes del Estado está en máximos. Y eso, asumen en Moncloa, repercute en la credibilidad institucional ante los ciudadanos.
Fuentes gubernamentales admiten que el marco de polarización política en el que está instalado el país no deja espacio para otra estrategia por parte del Gobierno que la del «ruido» y el «señalamiento». El presidente está decidido a continuar al frente del Ejecutivo y del PSOE «para culminar la década». Y necesita «resistir» como sea. Una fuente que le conoce bien asegura que Sánchez «se mueve bien» a la hora de agitar el avispero. El «caso Begoña» es, en verdad, el más mediático de cuantos rodean al jefe del Ejecutivo y al Gobierno y el que más daño puede hacer a sus expectativas de crecimiento de voto.
El problema del centro
Los gurús del presidente comienzan a recomendarle prestar atención al centro político. Por eso, entre otras cosas, el líder socialista decidió regarlo con el ascenso a categoría de vicepresidente primero del titular de Economía, Carlos Cuerpo; un tecnócrata dialogante, moderado y partidario del entendimiento con el PP en asuntos de Estado al que no le duelen prendas reconocerlo. Es decir, un partidario de todo lo que le gusta al susodicho centro ideológico, que en España se puede decir que murió con el cierre de la sede de Ciudadanos. Esa misma masa es la que no se traga el relato del Gobierno sobre el «caso Begoña». Por eso, el equipo de Moncloa trata de crear un centro alternativo que se alinee con los intereses del PSOE. «Y así hay que interpretar el nombramiento de Cuerpo», precisa una fuente gubernamental.
El «caso Begoña» provocó una auténtica tormenta política en España que llevó hace dos años al presidente del Gobierno a retirarse cinco días de la vida pública para «reflexionar» sobre su continuidad al frente del Gobierno en una carta inédita en la que avanzó que sería objeto de una cacería sin precedentes en la historia. Aquella fue una jugada inédita que puso al país en vilo y que sirvió a Sánchez para preparar su estrategia de resistencia a toda costa. La expuso ante sus diputados y senadores nada más arrancar el curso político. Aquella crisis marcó un antes que transformó al presidente.