El Gobierno habilita a Transportes ante la "avalancha" de expedientes para la regularización de extranjeros
El proceso para la regularización masiva de inmigrantes que ya viven y trabajan en nuestro país tendrá un refuerzo para agilizar los trámites burocráticos, pero no será policial como pedían los sindicatos representativos. El Gobierno ha decidido habilitar al Ministerio de Transportes para que eche una mano con la documentación que los cientos de miles de personas a las que afectará la medida tienen que cumplimentar. Así se desprende del real decreto aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros y publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado.
Tanto Tragsa, a través de Tragsatec, como Correos estarán habilitadas para ayudar en estas tareas. Según la disposición adicional primera, el personal de la primera entidad –enmarcada dentro de la SEPI– podrán realizar tareas «administrativas de carácter estrictamente instrumental». En ningún caso tendrán capacidad para valorar los expedientes para su aprobación o rechazo. Los trabajos se limitarán a «funciones de apoyo material y técnico para la preparación de los procedimientos para su resolución».
En el caso de Correos, el BOE contempla usar su «amplísima red de oficinas en todo el territorio nacional» para garantizar «en condiciones de igualdad» que todos los interesados puedan regular su situación «con independencia de dónde vivan». La plantilla de la empresa pública procederán con trabajos de «apoyo y gestión en el procedimiento a través de la presentación telemática de la solicitud de autorizaciones, y en su caso, de las aportaciones complementarias o subsanaciones que pudieran derivar de aquella». Es decir, facilitarán que los inmigrantes puedan rellenar el papeleo sin acudir a las oficinas de Extranjería de la Policía Nacional.
Esta decisión de habilitar a dos entidades de Transportes es vista por los sindicatos policiales como la confirmación de que el Gobierno espera una «avalancha» de solicitudes en las próximas semanas, según el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Los dos últimos días se pudieron ver colas de cientos de personas en consulados de distintos países, que serán los encargados de aportar los certificados de ausencia de delitos penales. Esta es una de las condiciones más importantes que ha establecido el Ejecutivo en el real decreto –la otra es que los extranjeros tienen que probar que residían en España antes del 31 de diciembre del año pasado– y la que más controversia ha generado.
En un principio, los afectados tenían que demostrar que no contaban con antecedentes castigados por un tribunal. Para ello tenían que entregar un informe de su país de origen dando fe de ello, pero en caso de que no respondiese a la petición valdría con una «declaración responsable» del interesado. Una solución laxa, ya que se sustentaría en la palabra de la persona que resultaría beneficiada, y que, para los expertos en Extranjería consultados por este periódico, podría terminar siendo un «coladero» de criminales. Tras el Consejo de Ministros del martes, esta opción fue eliminada del texto definitivo.
Los mandos de la Comisaría General de Extranjería han mostrado su malestar desde el principio del proceso de la regularización. El acuerdo que el Gobierno alcanzó con Podemos en enero no contó con la visión de los expertos, tal y como contó este medio a principios de febrero. Los primeros borradores no contenían informes de esa área policial, que es la competente en la materia. El único documento entregado fue realizado por el «número dos», el comisario Alfredo Miravete, y fue guardado en un cajón por el director general, Francisco Pardo, porque no coincidía con el argumentario político de Moncloa.
El Gobierno defiende que la medida afectará a 500.000 personas, pero tanto ese documento como otros expertos multiplican el número. Los cálculos policiales contemplan que entre un millón y un millón y medio de personas tendrán la posibilidad de regularizar sus papeles en España gracias al arraigo familiar. Otras fuentes creen que con el tiempo la cifra puede llegar a ser el doble de esa.
Además del SUP, los principales sindicatos –Jupol, UFP y CEP– critican que la regularización extraordinaria de migrantes se apruebe «de espaldas» a los profesionales de la seguridad con un proceso de tramitación «externalizado» que incrementa, advierten, los riesgos de fraude, errores o deficiencias en la verificación de identidad y antecedentes de los solicitantes. Respecto a los antecedentes penales recuerdan que una persona puede no contar con antecedentes pese a haber sido detenida recientemente, debido a los plazos judiciales y a que muchos procedimientos tardan meses, e incluso años, en resolverse.