Sánchez impulsó la regularización masiva al margen de Interior: solo tuvo en cuenta el criterio de Inclusión
La regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno de Pedro Sánchez tramitó por un real decreto extraordinario el pasado mes de enero y que ayer aprobó –aunque, con matices– el Consejo de Ministros se ejecutó al margen del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Según fuentes policiales y jurídicas consultadas por este periódico, la medida fue impulsada principalmente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al que califican como una cartera muy «politizada», y sin tener en cuenta los criterios «técnicos y operativos» de los mandos policiales. Estas mismas fuentes critican la falta de información del Ejecutivo y advierten de que la ausencia de estadísticas y documentos sobre el terreno podría tener consecuencias directas en la gestión migratoria diaria.
Hay que tener en cuenta que, la Policía Nacional es la competente en materia de fronteras e inmigración a través de la Comisaría General de Extranjería. En su organigrama se enmarcan la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), que investiga las actividades ilícitas relacionas con la trata de seres humanos y los flujos migratorios ilegales, entre otros, y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF).
Este último es una suerte de «inteligencia» migratoria, entre cuyas labores destaca, precisamente, la elaboración de informes especializados en la materia que les piden organismos nacionales e internacionales. Se trata de una cuestión que el Ejecutivo de Sánchez no ha tenido en cuenta en este proceso regulatorio.
El problema de que el presidente del Gobierno no haya tenido en cuenta el criterio de los especialistas e, incluso, de la propia cartera de Interior, se refleja en la obligación que tuvo que acometer este martes el Consejo de Ministros respecto a la probación de que los migrantes no tengan antecedentes penales. En un primer momento, la regularización exigía sólo una «declaración responsable» para probar la ausencia de los mismos, siempre y cuando, el país de origen no contestara en un mes la solicitud del migrante.
Ahora y, tras las advertencias de sindicatos policiales y del propio Consejo de Estado, que consideró «inadecuada» la fórmula inicial, el Ejecutivo ha tenido que modificar una medida que guarda, según estas mismas fuentes, una «clave política». Así, los migrantes tendrán, en primer lugar, un mes para conseguir el certificado y, en caso de no lograrlo, el Gobierno lo gestionará por vía diplomática en tres meses. Si esta vía tampoco funcionase, se abriría un proceso de 15 días como último intento antes del cierre de puertas.
Una cuestión de «justicia»
La regularización es, en cualquier caso, una variable que el Jefe del Ejecutivo está utilizando para hacer campaña de cara a las próximas elecciones andaluzas, que arrancan el 17 de mayo. Así, Sánchez hizo uso este martes de su apuesta tradicional para ganarse el apoyo de la ciudadanía; el de una misiva cargada de argumentos simbólicos y emocionales para defender la medida –probablemente– más controvertida de la legislatura.
En ella, [[LINK:INTERNO|||Article|||69ddf252cf21260007db03ee|||el presidente socialista restó el matiz político de la regularización para justificar que tiene una necesidad «económica» y un fin de «prosperidad» clave para España.]] Además, puso el acento en la transversalidad del apoyo, destacando que ha contado con el respaldo «de la Iglesia, de los sindicatos, de los empresarios» en un intento de presentar la regularización como un «acto de «normalización» y de «justicia» social –en alusión a nuestros antepasados que emigraron en busca de «una vida mejor».
Aunque el argumento más contundente, posiblemente en la tentativa de tapar las críticas, fue el económico, al advertir de que «España envejece» y que, sin nuevas personas trabajando y cotizando, «nuestra prosperidad se frena» y «nuestros servicios públicos sufren».
La oposición, por su parte, sigue alegando que la medida trae consigo un «efecto llamada» innegable y consecuencias «negativas» para la integridad del espacio Schengen. A su juicio, la regularización es contraria a los principios de la política migratoria común de la Unión Europea (UE), fundamentada –principalmente– en la responsabilidad compartida entre los países para un «control efectivo» de las fronteras y un sistema de retornos creíble.
Los populares consideran que la medida se planteó de forma «unilateral» y que su respuesta se orquestará a través de una ofensiva judicial, en las Cámaras e, incluso, si es necesario ante Bruselas para oponerse a la iniciativa que Sánchez ha logrado tramitar con Podemos a la cabeza.