¿Cómo afectaría una regularización masiva de inmigrantes al precio de la vivienda?
El mercado de la vivienda en España atraviesa una situación crítica. Actualmente, nuestro país arrastra un desequilibrio evidente entre la falta de oferta y el aumento de la demanda. En 2008 se construían cerca de 600.000 viviendas al año; y, a día de hoy, apenas unas 100.000. Según el Banco de España, el déficit acumulado ronda las 600.000 viviendas.
Este problema estructural se ve agravado por factores como la falta de suelo finalista, la burocracia, la inseguridad jurídica o la escasa vivienda pública. La posibilidad de una regularización masiva de inmigrantes también plantea un reto para la vivienda.
Casi la mitad del crecimiento económico de España se debe a la llegada de la población extranjera, tal y como explicó el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos. Desde 2019, el PIB español ha crecido alrededor de nueve puntos, frente a los cinco de la media europea, y esa "diferencia fundamental" se debe en gran medida "en el empleo de población migrante", señaló.
Aunque España necesita inmigración para sostener su economía y su sistema de bienestar, nuestro mercado de vivienda no está preparado para absorber ese aumento de población. Una regularización masiva supondría un incremento de la demanda efectiva de vivienda, especialmente en el mercado del alquiler.
"La mayoría de los inmigrantes que llegan a España no cuentan con redes familiares o económicas que les faciliten el acceso a una vivienda propia, por lo que dependen en gran medida del mercado de alquiler. Como consecuencia, los precios han aumentado, especialmente en las grandes ciudades", aseguró Jesús Leal, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
Más demanda en un mercado con oferta rígida se traduce en un incremento de los precios del alquiler, una mayor competencia por cada vivienda disponible y dificultades adicionales para hogares vulnerables.
En este contexto durante la burbuja inmobiliaria (2001-2010), el incremento de inmigrantes elevó la demanda de vivienda, contribuyendo a un aumento del precio de hasta un 2,5%, según el estudio publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: "El impacto de la inmigración sobre el precio de la vivienda española en el siglo XXI". De 2011 a 2019, la reducción de inmigrantes y la crisis económica provocaron una caída de precios del 1,12%.
En el mercado del alquiler, el impacto de la inmigración fue aún más acusado. Entre 2010 y 2019, el aumento de la población extranjera se vincula a un encarecimiento del 5,9% en las rentas, una señal de que la presión adicional sobre la demanda, unida a una oferta insuficiente, desempeñó un papel clave en esta subida. No obstante, el problema de fondo es la falta de oferta.
Falta de oferta, principal problema de la vivienda
El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado, asegura que el sector no logra producir vivienda suficiente debido a trabas administrativas, inseguridad jurídica y costes crecientes. Es decir, la demanda crece —por inmigración o por otros factores—, pero la oferta no responde, por lo que la inmigración no es la causa del problema, sino un factor que lo agrava.
El Banco de España (BdE) alerta de que el déficit de vivienda es una de las principales causas del encarecimiento del alquiler. Además, la falta de vivienda social y las dificultades para acceder a hipotecas han agravado aún más la situación.
Modificar la regulación del alquiler
Uno de los principales obstáculos es el marco regulatorio. De Guindos explica que "lo que hay que hacer es modificar la regulación del alquiler. Ese es el primer paso. Eso es lo fundamental".
España cuenta con un importante parque de viviendas de la anterior crisis de la burbuja inmobiliaria, por lo que el objetivo no debe ser promover nuevas construcciones, sino "poner en el mercado" las ya existentes. Para que estos inmuebles acaben en el mercado del alquiler es indispensable una nueva regulación.
Aunque una regularización masiva de inmigrantes probablemente aumentaría la presión sobre el mercado de la vivienda, el problema de fondo no es la demanda, sino la falta de oferta. Sin reformas estructurales —más suelo, menos burocracia, seguridad jurídica y un mayor parque de vivienda pública—, cualquier aumento de población seguirá traduciéndose en tensiones.