El Gobierno se encamina a realizar cambios en el sistema de subsidios en las tarifas de luz y gas. Hasta ahora, hay más de 11 millones de hogares que reciben ayuda estatal para sostener descuentos en sus boletas. Se trata de los hogares de menores ingresos y también los de clase media (un grupo familiar que sume menos de $3,4 millones mensuales).
Hay 5 millones de viviendas que están pagando casi el costo total de los servicios que consumen. Lo que abonan en sus boletas cubre el 88% de lo que sale el gas que reciben y el 93% de la electricidad que consumen. Pero hay otros 11 millones de hogares que pagan por la luz entre 60% y 75% menos de lo que cuesta la prestación de ese servicio. Ese beneficio también alcanza a la distribución de gas.
La secretaría de Energía -que depende del ministerio de Economía- tiene en la mira una modificación para sectores de ingresos bajos y medios. El objetivo es reducir las subvenciones que destina a esos 11 millones de hogares. Durante el presupuesto de este año, se calcula que habrán destinado alrededor de u$s 6.000 millones en subsidios a clientes residenciales de luz y gas, mientras que la proyección es que ese monto baje a menos de u$s 4.000 millones en 2025.
El ahorro de esos u$s 2.000 millones llegaría por dos vías: menores costos para el funcionamiento del sistema y boletas más caras para los actuales beneficiarios de los descuentos.
"Hay una fuerte reducción en el costo de generación eléctrica a partir de la baja del gas por sustitución de importaciones", según el Observatorio de Tarifas y subsidios, que encabezan Julián Rojo y Alejandro Einstoss. El gas es uno de los principales insumos para la generación eléctrica. Un menor importe a pagar por ese componente implica que la electricidad será más barata.
El Gobierno seguirá realizando aumentos por decreto, tanto en luz como en gas, hasta el próximo 9 de julio. Las revisiones tarifarias no se realizarán hasta esa fecha. Hasta tanto, se prorroga la intervención de los entes reguladores (Enargas y Enre), y esos reguladores deben implementar las revisiones tarifarias antes del 9 de julio.
Además, el ingreso de gas nacional de Vaca Muerta liberará a Enarsa de tener que comprar gas importado. Eso podría generar un ahorro del 40% en los gastos actuales de la empresa estatal. La estatal Enarsa dejaría de gastar casi u$s 1.000 millones.
El otro camino para llegar a un menor gasto en subsidios es el aumento en las boletas de luz y gas. Los sectores de bajos ingresos (son denominados N2) pagan por la electricidad apenas un cuarto de lo que cuesta. Allí hay más de ocho millones de hogares que Energía tiene en observación.
Hay un millón de beneficiarios de tarifas sociales de los que "no se cuenta con información socioeconómica que pueda ser verificada", según explicó el Banco Mundial.
El organismo multilateral le facilitará u$s 500 millones al país para que pueda mantener subvenciones a los sectores más relegados. El préstamo incluye "la creación de nuevos mecanismos para recolectar la información disponible en otros registros", en relación a beneficios sociales.
En 2022, cuando la administración anterior lanzó la "segmentación tarifaria", más de 11 millones de hogares se anotaron o fueron inscriptos para disponer de descuentos en luz y gas.
El Gobierno está tratando que esos hogares vuelvan a cargar sus datos, para validar que siguen necesitando asistencia. En caso de que no lo hagan, podrían quitarles los descuentos temporalmente. Sería para forzarlos para que vayan nuevamente al registro de subsidios.
Hay otra opción que estaría evaluando el Gobierno, según comentan entre empresarios del sector. Sería la quita total de subsidios en las boletas. A cambio, el Gobierno les depositaría directamente el monto de la subvención en una cuenta bancaria, en la que ya reciben algún beneficio, como prestaciones sociales. Eso alcanzaría a los sectores de menores ingresos.
Por ejemplo, un hogar de bajos ingresos y poco consumo está recibiendo estos meses una boleta de luz por alrededor de $ 4.000 a $ 5.000 mensuales. Sin subsidios, esa factura sería de $ 12.000.
La diferencia -de $ 7.000 a $ 8.000- la pone el Estado. El cambio sería que esa misma vivienda reciba una boleta por el valor total ($ 12.000 en este ejemplo) y que el Gobierno le deposite la subvención ($ 7.000 a $ 8.000) directamente en una cuenta bancaria.
"Se pasaría de un subsidio a la empresa a una subvención directa al hogar", grafican quienes vienen estudiando este modelo. El Gobierno estuvo sondeando organismos multilaterales para cumplir con esta idea, y habría encontrado buena recepción.
Los segmentos de menores ingresos tienen hoy un bloque de consumo "básico" sin cargo, y pagan la diferencia si su demanda excede ese bloque básico. Pero incluso esa electricidad en exceso se les cobra con descuento.
El otro nudo que tiene el Gobierno está en los sectores medios. Son denominados N3 en la segmentación tarifaria. Son hogares que ganan entre $ 1,5 millón y $ 3,4 millones mensuales. En la luz, poseen casi un 60% de descuento en relación a lo que deberían pagar para que las facturas cubren sus costos. Allí también se estudia algún cambio. Pero el sistema no sería el de subsidios directos, sino el de una remoción parcial y progresiva de subvenciones.
Hoy cuentan con un bloque de consumo "subsidiado", y pagan cuando se exceden. Lo que se estudia es achicar ese bloque de consumo subvencionado.
