Francisco Martínez alude a sus imputaciones judiciales para no responder a la mayoría de las preguntas en la comisión del Congreso y en las pocas que ha respondido ha descargado determinadas actuaciones policiales en la "autonomía" de las policías respecto de los políticos
La comisión por la Operación Catalunya promete convertirse en un nuevo reproche al PP por su “guerra sucia”
La primera sesión de la comisión de investigación del Congreso sobre la Operación Catalunya ha acogido las comparecencias de dos destacados miembros del Ministerio del Interior cuando se produjeron los hechos, el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino. Ambos han seguido el guión previsto y apenas han contestado a las preguntas de los diputados. Entre los dos suman ya cinco comparecencias en comisiones de este tipo y este martes, con motivo de las maniobras parapoliciales contra el proceso soberanista, el que fuera número dos de Interior aseguró que la Operación Catalunya “no existe”.
“Lo que hace el Ministerio del Interior es identificar un riesgo que compromete el orden constitucional [en alusión al proceso soberanista en Catalunya] y que, desde el punto de visa de la seguridad, pueda provocar delitos. Entonces el Estado actúa. Pero si estamos hablando de una estrategia escrita con un desarrollo como la Estrategia de Seguridad Nacional o contra la Ciberdelincuencia, eso [la Operación Catalunya] no existe”, ha dicho Martínez en una de sus intervenciones.
Al diputado de Sumar, Eloy Badia, Martínez le ha dicho que atribuirle a él o a otros responsables del Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy actuaciones determinadas de algunos policías sería como atribuirle a los actuales dirigentes políticos lo que hayan hecho los guardias civiles implicados en el 'caso Koldo'.
De acuerdo a la línea de lo que ya había expresado en sus comparecencias y algunas entrevistas a los medios, Martínez negó la existencia de un plan en el Ministerio del Interior para dañar al independentismo, a través de investigaciones prospectivas a sus líders o familiares, la elaboración de dosieres sin sello ni firma y, finalmente, su publicación en medios de comunicación afines al Gobierno del Partido Popular.
La segunda línea de su breve argumentación es que las actuaciones policiales que se pudieran haber producido tuvieron lugar bajo la absoluta autonomía de los policías que las desarrollaran. A la pregunta de la portavoz de ERC, Pilar Vallugera, sobre la existencia de un “deep state (estado profundo)”, Francisco Martínez ha respondido: “Yo no lo llamaría así, pero los ministros llegan con un tren que está en marcha a la velocidad del AVE y que tiene que seguir haya el ministro que haya. No me consta el 'deep state' pero los Cuerpos, en su parte operativa, tienen que actuar con cierta o mucha autonomía respecto de los responsables políticos en cada momento”.
Desde el principio, Martínez ha advertido que su implicación en procesos judiciales le iban a imposibilitar referirse a las preguntas que le realizaran los diputados. Ha vuelto a esgrimir ese argumento cuando la portavoz de Podemos, Ione Belarra, le ha preguntado por una grabación en la que el propio Martínez pedía antecedentes policiales de los recién nombrados dipuados de Podemos en 2015. Esa conversación forma parte de una causa del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, sobre las maniobras contra el partido político, en la que él está imputado.
En cualquier caso, ha añadido Martínez, no se reconoce en las grabaciones de Villarejo que le dejan en evidencia y, en el caso concreto que ha citado Belarra, ha denunciado “un acceso ilegal e ilegítimo” de Podemos a las mismas. Se refiere a la decisión que adoptó el juez Manuel García Castellón de que no pudieran ser difundidas ni utilizadas sus conversaciones de whatsapp después de que ya hubieran sido publicadas.
Tras Martínez ha llegado el turno de Eugenio Pino, el comisario que eligió el PP para dirigir la Policía y artífice de la denominada 'brigada política'. Pino ha esgrimido su condición de policía, jubilado, ante lo que ha calificado como “una comisión política” y en este sentido ha añadido que no puede hablar de las cuestiones que conoció en su función como miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
En la comisión de Kitchen, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, logró arrancar a Pino la afirmación de que estaría dispuesto a “hacer todo lo que fuera necesario” por España. Rufián, que se incorporó a la comisión en esta segunda comparecencia, ha preguntado a Pino si mantiene dicha afirmación. “Ya le dije que sí”, ha respondido el comisario. Rufián le ha preguntado si es un “comisario corrupto” y ha aludido a algunos diputados de la derecha como los “camaradas” del policía. Cuando Pino ha reconvenido a Rufián sobre el significado histórico del término “camarada”, el portavoz de ERC ha zanjado su intervención: “Digo 'camarada' porque le jode”.
En general, los diputados han asumido con naturalidad que no los comparecientes, como ocurrió en ocasiones anteriores, se negaran a contestar a sus preguntas. A excepción de Podemos, o de Rufián con Pino, los grupos parlamentarios no han escogido a sus portavoces habituales. Los representantes del PP y Vox han optado por criticar el interés partidista de la comisión y no han formulado preguntas. La comisión es parte del acuerdo entre los partidos del Gobierno y ERC para que ésta última apoyara el nombramiento de la socialista Francina Armengol como presidenta de la Cámara.
