Tras la aprobación de la cuestionada ley N°6951, que presuntamente buscaría proteger a personas acusadas de crímenes durante las décadas de 1980 y 1990. La periodista Rosa María Palacios, en una nueva edición de su programa Sin Guion, sostuvo que con esta normativa se estaría contradiciendo acuerdos internacionales y decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, Palacios indicó que aunque grupos como Sendero Luminoso y el MRTA fueron juzgados y condenados por los crímenes cometidos, cualquier crimen no condenado o sancionado, por su naturaleza horrorosa para la humanidad, está clasificado como de lesa humanidad y, por tanto, no prescribe nunca. Esto se fundamenta en un tratado de las Naciones Unidas que Perú firmó en 2002, que declaró que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, sin importar cuándo se cometieron.
'Empecemos por los asesinos durante la década del 80 y el 90 en el Perú, como ustedes bien saben Sendero Luminoso y el MRTA destruyó la vida, la propiedad, la libertad de miles de peruanos, por esos crímenes Sendero Luminoso y el MRTA han sido juzgados y condenados, pero si hubiera algún crimen que no se condenó, no se sancionó, como esos crímenes que horrorizan a la humanidad están calificados como de lesa humanidad es decir, no van a prescribir nunca y no van a prescribir nunca porque el Perú firmó un tratado de Naciones Unidas y lo firmó el 2002, y ese tratado dice en su primer artículo que los crímenes contra la humanidad no prescriben nunca, no importa en qué fecha se hayan realizado, son imprescriptibles por su propia naturaleza', expresó la periodista.
De igual forma, señaló que es un hecho que en esas décadas, tanto militares como policías cometieron violaciones graves de derechos fundamentales, no llevando a las personas ante la justicia, sino torturándolas, haciéndolas desaparecer y asesinándolas. Por ello, casos como Barrios Altos y La Cantuta han creado jurisprudencia en toda la región para impedir amnistías e indultos en crímenes de lesa humanidad.
Además, comentó que con la aprobación de esta normativa, el Congreso estaría ayudando a que presuntos asesinos prófugos, no habidos o encausados, ya no se les pueda juzgar porque sus crímenes serían prescritos, violando así un tratado de las Naciones Unidas y una resolución reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, buscarían garantizar la impunidad para individuos como Daniel Urresti, el Grupo Colina, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, a pesar de las graves consecuencias que esto podría tener en el respeto al Estado de derecho.