El fiscal superior Rafael Vela Barba, también coordinador del Equipo Especial de Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, destacó que los recientes fallos de la justicia brasileña, que anularon ciertos procedimientos contra el empresario Marcelo Odebrecht en Brasil, no comprometen la validez de los testimonios que Odebrecht ha proporcionado en Perú.
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El fiscal señaló que la decisión del juez supremo brasileño Dias Toffoli, que invalidó algunos actos procesales en Brasil, no tiene repercusión directa sobre las investigaciones en curso en Perú, ni afecta la integridad de las pruebas presentadas contra figuras políticas peruanas, incluyendo a Keiko Fujimori.
Vela Barba también subrayó que tales interpretaciones erróneas son promovidas por aquellos que buscan desestabilizar y desacreditar la labor judicial en el país, especialmente en casos de alta relevancia mediática y política.
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De igual forma, el fiscal Vela, miembro del Equipo Especial Lava Jato, hizo hincapié en la resistencia de algunos sectores que intentan influir en la percepción pública y la credibilidad del sistema judicial a través de campañas mediáticas, y apuntan a deslegitimar los procesos en contra de acusados en casos de corrupción.
Además, indicó que estos intentos no detendrán los procedimientos judiciales en curso, como el juicio oral contra Keiko Fujimori programado para el 1 de julio, en el que se evaluarán acusaciones serias en su contra y de su círculo cercano.
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Vela Barba expresó confianza en la fortaleza de los argumentos presentados por la fiscalía y anticipa que los acusados deberán defenderse adecuadamente en el juicio. Asimismo, mencionó que hay 18 mega acusaciones actualmente en etapa de juicio, lo que podría explicar el aumento de declaraciones públicas de los implicados.
El caso Odebrecht es un escándalo de corrupción amplio que involucra a la empresa brasileña Odebrecht, conocida por pagar sobornos a funcionarios y políticos para asegurar contratos de obras públicas en varios países de América Latina.
En Perú, la investigación reveló que Odebrecht admitió haber pagado casi 30 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, un período que abarca los mandatos de varios presidentes peruanos.
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