La defensa del exministro Eduardo Zaplana ha aseverado este miércoles que el también expresidente de la Generalitat Valenciana ha sido víctima de un «montaje desde el primer minuto» para incriminarle en el caso Erial y se ha referido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como una policía que ha actuado «sin control judicial» que «no creemos que sea moderna», sino «propia de un régimen anterior al de 1978«. El abogado Daniel Campos ha cargado duramente contra los pactos de la Fiscalía, con cuatro de los acusados que han confesado los hechos, en la recta final del juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia. Como indicó en sus conclusiones definitivas durante la sesión anterior, el fiscal pide para el antiguo dirigente del PP 17 años de cárcel -dos menos de los solicitados inicialmente- y una multa de 40 millones de euros por los presuntos delitos de grupo criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad en documento mercantil. Lo sitúa en el centro de una trama que amaño los concursos públicos de las ITV y los parques eólicos de la Comunidad Valenciana, derivó mordidas millonarias a sociedades extranjeras gestionadas por testaferros y las retornó a España a través de mercantiles y operaciones inmobiliarias. Tras levantar los cargos hacia tres acusados, cuatro de los doce procesados actualmente -los arrepentidos- eludirán la prisión al enfrentarse a penas menores a dos años por cada delito que se les imputa, pero tendrán que hacer frente a multas que suman casi once millones de euros. El letrado de Zaplana ha criticado «la falta de transparencia» y la «clandestinidad» con la que Anticorrupción «ha llevado» esas conformidades. «Debería habernos citado a todos», ha señalado, aludiendo a los protocolos e instrucciones de la Fiscalía General del Estado. «Todo el mundo tiene derecho a conformarse o a recibir una propuesta del fiscal, incluso el señor Zaplana», ha indicado. «Ha habido una igualdad de trato sospechosa», ha aseverado, al tiempo que ha argumentado que «parece que querían buscar unas declaraciones que incriminaran a Zaplana porque las pruebas que tenían eran absolutamente insuficientes». Según Campos, los confesores -su amigo íntimo Joaquín Barceló; su jefe de gabinete en Presidencia de la Generalitat, Juan Francisco García y los empresarios Vicente y José Cotino, sobrinos del político fallecido Juan Cotino- se han negado a contestar al resto de defensas, «eludiendo la contradicción», y han realizado «declaraciones que tampoco son coherentes entre sí» y «no son creíbles».
