Pedro Sánchez tiene dos procedimientos en la Audiencia Nacional por no hacerlos públicos
Una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTGB) del año 2019 instó a desvelar todos los regalos recibidos por Pedro Sánchez y sus predecesores en el cargo. Ante la actual oposición de Presidencia del Gobierno a dar a conocer los presentes entregados al líder del PSOE, el abogado Guillermo Rocafort hará valer esta resolución en un pleito que ha presentado ante la Audiencia Nacional al objeto de desvelar todos los regalos recibidos por Pedro Sánchez desde el año 2018 hasta la actualidad.
La resolución 198/2019 del Consejo de Transparencia de hace cinco años, hacía constar que una reclamante pidió en diciembre de 2018 un listado de «todos los regalos de relevancia institucional y de cortesía que hayan recibido todos los presidentes de Gobierno del periodo democrático», lo que incluía a Pedro Sánchez, que ya era presidente desde junio de ese año. No obtuvo respuesta e insistió en 2019 ante el reiterado silencio administrativo, por lo que decidió poner una reclamación a Moncloa, que declinó presentar alegaciones. En este punto, el CTBG se dirigió a Presidencia para recordar que debía «evitar demoras innecesarias y perjudiciales para los derechos de los solicitantes».
En la resolución que recoge todos estos pasos se citan las previas en los procedimientos R/0506/2018, R/0537/2018 y R/0538/2018 sobre «los gastos del Gobierno en regalos y los regalos del Ejecutivo desde 2012». En todos ellos se estimaron las reclamaciones presentadas o se dio la información por parte de la Administración.
El Consejo de Transparencia señaló el artículo 26.2b).6º de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que es aplicable al Presidente del Gobierno, que dice lo siguiente: «No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente».
Según esta normativa, podría concluirse que «existen 3 tipos de regalos». En primer lugar, «aquellos que no pueden ser aceptados en ningún caso por un alto cargo por superar los usos habituales, sociales o de cortesía»; después «los que se consideran dentro de los usos habituales, sociales y de cortesía que podrán ser aceptados por los altos cargos que los reciban», y por último los «regalos de mayor significación de carácter institucional que deberán ser incorporados al Patrimonio de la Administración General del Estado y por tanto, inventariarlos».
Por otro lado señala el CTBG que, con base en los artículos 21 y 68 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, «procederá la integración en el Patrimonio del Estado y su posterior afectación al Ministerio, en este caso, de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, de los bienes u obsequios de mayor significación de carácter institucional recibidos por el presidente del Gobierno».
«Es evidente», por todo lo anterior, «que sí existe una normativa que regula los regalos institucionales recibidos por Pedro Sánchez, y es la que debería aplicarse, en lugar de esperar al momento de su cese o renuncia», apunta Rocafort. Y es que en la actualidad, Presidencia del Gobierno niega ningún tipo de información sobre estos regalos sobre la base de que ahora solo constan en anotaciones simples, teniendo que esperar al final del mandato presidencial para que sean inventariados y entregados.
Esta práctica, según el Consejo de Transparencia, va en contra de los usos actuales más acordes con las exigencias de los principios de transparencia y rendición de cuentas de la actividad pública. El CTBG citaba en este sentido –en otra resolución posterior– expresamente a la Casa del Rey, que cada año hace públicos los presentes institucionales que reciben todos sus miembros.
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Según el PSOE, una de las legislaciones mas avanzadas en este asunto es la de Estados Unidos, donde están prohibidos los regalos personales a presidentes y miembros del Ejecutivo, incluidos los que sean en especies. Hasta el extremo de que es ilegal invitar a comer a un alto cargo por más de 20 dólares, por lo que en el entorno del Capitolio, en Washington, proliferan restaurantes con menús de 19,99 dólares. Y cualquier regalo al presidente durante su mandato pasa a ser patrimonio del Estado automáticamente. Un código de buenas prácticas iba a reflejar este modelo en 2004, pero la medida quedó en el aire.
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