La comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid ha tumbado este miércoles, gracias a los votos de los diputados del Partido Popular, la investigación de los contratos y la deuda que tiene la Comunidad de Madrid con el grupo sanitario Quirón, principal gestor de la sanidad concertada en Madrid, entre los años 2020 y 2023. La iniciativa, presentada por el grupo socialista, solicitaba que se le encargara a la Cámara de Cuentas –organismo de control externo que preside el expresidente socialista Joaquín Leguina, ahora persona de confianza de Díaz Ayuso– una fiscalización específica de los contratos y pagos que se están haciendo a esta multinacional, que gestiona cuatro hospitales, entre ellos la Fundación Jiménez Díaz.
La propuesta, según el socialista Fernando Fernández Lara, que la defendió, se hace porque se están liquidando facturas antiguas a partir del año 2022 de manera acelerada y “voluntaria”, por lo que defendió que se dé claridad y transparencia “al mayor receptor de fondos de la Comunidad de Madrid”.
El Gobierno de Ayuso no ha hecho público cuánto se le debe al grupo de años atrasados –hay facturas millonarias impagadas, sentencias que condenan a Sanidad a pagar y discrepancias con la empresa pendientes de resolver–. Pero se está pagando a través del mecanismo de las convalidaciones de gasto, una manera excepcional de abonar facturas a proveedores sin contrato, por la que se están desembolsando cientos de millones a Quirón, especialmente a la Jiménez Díaz, que ha cobrado de esta manera al menos 800 millones en tres años.
Entre 2020 y 2023 se han pagado con este sistema extraordinario, que cubre siempre irregularidades más o menos graves, más de 2.000 millones de euros, la mayor parte para las empresas de sanidad privada. Por qué se paga con este sistema o por qué ahora es algo que Sanidad no ha contestado, aunque en un encuentro con periodistas dijo que su voluntad era dejar de usar las convalidaciones.
Cuánto le debe los madrileños a Quirón –parte de la multinacional Fresenius y principal pagadora del novio de la presidenta Ayuso a través de la filial Quirón Prevención– es algo de lo que tampoco informa la Comunidad, que remite a elDiario.es a hacer la pregunta en el Portal de Transparencia. Lo que se sabe de la deuda con las empresas sanitarias privadas, según los informes de la Cámara de Cuentas, es que en 2022 ascendía a más de 700 euros, la misma cantidad que se adeudaba en 2018. Según los balances de Fresenius, la Comunidad le llegó a adeudar 1.200 millones en 2021, cifra que en 2023 rebaja a algo más de 900 millones, como publicó El País.
Ángel Francisco Alonso, del PP, defendió que votaban en contra de pedir fiscalización al ser la solicitud “extemporánea porque los contratos de 2020 y 2021 ya se fiscalizaron” y los de 2023 se fiscalizarán este año. Aunque la Cámara de Cuentas, en su informe general sobre la Comunidad de Madrid, tiene un apartado de Sanidad en el que analiza cifras de las concesiones, no ha hecho en esos años un análisis exhaustivo de los contratos del principal proveedor, Quirón, que es lo que solicitaba esta iniciativa parlamentaria.
El resto de la oposición también votó a favor de la investigación. Eduardo Gutiérrez, de Más Madrid, hizo mención a las convalidaciones de gasto y defendió la necesidad de fiscalizar por qué se pagan facturas antiguas así o por que se tardan años en cumplir con pagos en sentencias firmes. La diputada de Vox Ana María Cuartero, consideró que era “imprescindible” que se “arroje luz” sobre “cuál es la deuda que realmente tenemos”.
Finalmente la proposición de llevar el caso de Quirón a la Cámara de Cuentas decayó con siete votos a favor y diez en contra.
