El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha puesto en marcha toda una ofensiva para intentar acabar con los centros sociales okupados. En los últimos días, dos de ellos se han enfrentado a la intervención policial: La Ferroviaria fue desalojada y La Bankarrota logró resistir a la espera de recibir una nueva fecha en la que se volverá a repetir la historia.
"La Ferro no se vende", clamaban las calles el pasado 13 de marzo ante las ocho lecheras policiales justo antes de se produjera la desokupación. Aquel edificio situado en el número 7 de la Plaza de Luca de Tena, en el barrio de Delicias, propiedad de Banco Santander, y que llevaba desalojado más de 12 años. El lugar acogía hasta a 15 asociaciones centradas en el ecologismo, el feminismo o la lucha LGTBI y también se llevaban a cabo clases de baile, boxeo o eventos culturales.
Algo similar sucedía en La Bankarrota, en el distrito de Moratalaz, donde se reunían jóvenes de todo el barrio. "Intentamos permanecer en el lugar, evidentemente vivimos en un constante estado de alarma ante la posibilidad de que el día de mañana nos echen, pero persistiremos", comentaba una de las activistas que lograron parar el desalojo antes de que el mítico lema "10, 100, 1.000 centros sociales" fuera coreado por todos los asistentes tras su victoria.
La tasa de okupación ha disminuido desde la llegada del alcalde popular. Otros centros de larga trayectoria también fueron desalojados en los últimos años. En noviembre de 2019 se produjo el fin del centro social La Dragona, situado en Avenida de Daroca, 90, en La Elipa (distrito de Ciudad Lineal). Después de 11 años de actividad se confirmaron las amenazas de Almeida de "tolerancia cero con los okupas" convirtiéndose en el primero de al menos diez desahucios similares que han sembrado el terror entre las diferentes asociaciones que gestionan y promueven estos espacios.
En noviembre de ese mismo año se produjo el desahucio de La Ingobernable. El alcalde aseguró entonces que usaría "toda la fuerza de la ley" para llevarlo a cabo. Sin embargo, años después el Tribunal Supremo declaró que aquella acción fue ilegal y determinó que el Gobierno municipal no tenía "legitimidad" para expulsar al colectivo. Años después, en mayo de 2022, el movimiento consiguió un nuevo edificio en el que poder seguir con las actividades vecinales. Llevaba más de cinco años sin uso, pero volvieron a ser expulsados "sin previo aviso". En esta ocasión para levantar un hotel de lujo. "Los poderes están deseando eliminar de la ciudad los espacios vecinales. Y regalársela a la especulación y la turistificación", afirmaba el comunicado de la organización.
En los últimos años, la Quimera, el Patio Maravillas, la Salamanquesa o la Traba también fueron desalojados de edificios que previo a la llegada de las diferentes asociaciones y movimientos vecinales carecían de actividad y utilidad de los diferentes barrios. "Hay una ofensiva en contra de estos lugares", aseguran desde todos los centros sociales. Tras las diferentes acciones contra ellos, también se produjeron infiltraciones policiales.
El año pasado, el CSO La Animosa, situado en el distrito madrileño de Hortaleza, sufrió una de ellas. "Teniendo en cuenta la escasez de CSO que hay en Madrid y la ofensiva que estamos sufriendo en los últimos años, entendemos este caso como un ataque frontal ante la auto-organización de la clase trabajadora", anunciaba el colectivo que desde 2021 se convirtió en un enclave esencial para la vida vecinal y política de la ciudad en un comunicado que aseguraba que las infiltraciones se producía a través de los eventos deportivos que se ponían a disposición en los centros. "Este es un caso más como los sucedidos en Barcelona o Valencia", concluía el mensaje en relación a otras actividades policiales similares.
Los centros que se mantienen en pie mantienen su resistencia mientras sobrevuela el peligro constante de ser desalojados, pese a ello, las actividades vecinales, deportivas y de concienciación social persisten en aquellos lugares, dando así a los barrios un soplo de aire fresco y de rebeldía a una cotidianidad que promueve el individualismo.
El pasado 10 de marzo se extendió en redes sociales y en el barrio de La Latina el lema "el corazón de Madrid sigue latiendo", una consigna que daba el pistoletazo de salida a un nuevo centro social situado en el centro de la capital llamado La Rosa. "Madrid cuenta con un nuevo espacio para las vecinas y los movimientos sociales. El edificio de la calle Bastero 1 será ahora un lugar que acoja la lucha contra la gentrificación y la turistificación", anunciaba el comunicado del centro. "Queremos que la ciudad merezca la pena ser vivida, queremos que su corazón siga latiendo, queremos volvernos a ver", concluía.
En la jornada de puertas abiertas, en la que vecinos y curioso podían visitar el centro, la policía intentó un "desalojo extrajudicial" bajo el supuesto de que el edifico podía tener riesgo por su estado. Tras la verificación de los bomberos, estos mismos aseguraron que no había indicios de peligro y que no respaldaban la acción policial, con lo que la misma no se llevó a cabo. "El Ayuntamiento quiere la ciudad y sus edificios para el turismo, el capital y para los rentistas. Nosotras, para las personas", anunciaba la organización minutos después en redes sociales.
Pese al cierre de más de una decena de centros sociales en la capital, aquellos que siguen en pie siguen realizando labores en sus respectivos barrios, como La Animosa, que ofrece un gimnasio popular, actividades culturales, como conciertos o sesiones de lectura, y campañas de concienciación con los derechos sociales. Además, también surgen nuevos espacios en los que estas iniciativas encuentran nuevos cauces donde poder instalarse.
