Los vecinos de la calle Magalhaes, 33 en el barrio de Poble Sec de Barcelona, se han visto obligados desde hace una semana a plantar una silla de camping frente a su portal y a hacer guardia 24 horas al día. Es la manera de “proteger” sus viviendas desde que el pasado miércoles Stop Okupas, una empresa de desokupaciones, arrancó la puerta de acceso a su edificio.
Sin puerta, los vecinos de este inmueble se sienten “desprotegidos” y temen que la empresa, contratada por el fondo inversor propietario de la finca, pueda volver y sabotear de alguna manera las instalaciones. “Es una presión constante para que nos vayamos”, relata Francisco, uno de los inquilinos.
Desde el pasado diciembre, esta empresa ha estado “saboteando” la finca, según denuncian los vecinos. “Hace unos meses empezaron a reformar uno de los pisos que se vaciaron y creemos que aprovecharon para boicotear las bajantes. Toda el agua de los váteres del edificio empezó a salir por mi baño”, explica Francisco, que vive en el principal.
Él es el único inquilino de esta finca, que cuenta con cinco viviendas. Hay una vacía y ya reformada y tres más okupadas por jóvenes. “Cuando yo llegué, todo el mundo pagaba alquiler, pero los precios están tan imposibles que los pisos se quedaron vacíos y vinieron estos chicos”, cuenta, en referencia a los pisos okupados.
Asegura que no ha tenido ningún problema con sus vecinos, pero también asume que los matones de la empresa que ha contratado el fondo de inversión tienen como objetivo echar a los okupas, que son activistas por el movimiento de la vivienda. Aun así, los efectos colaterales de sus acciones también tienen efectos graves sobre el día a día de Francisco, que sigue pagando su alquiler y tiene un contrato de alquiler vigente.
Además de arrancar la puerta, los trabajadores de la empresa de desokupaciones también han “saboteado” las instalaciones de agua y luz y han protagonizado altercados físicos con vecinos de la finca, tal como se muestra en el vídeo que publica elDiario.es con imágenes cedidas por el Sindicat de Llogateres.
Los vecinos, acompañados por el Sindicat, han interpuesto seis denuncias y dos querellas contra la propiedad, pero aseguran que “el acoso y las agresiones no han parado. Incluso se han producido con el beneplácito de los Mossos, como fue el caso de las sustracción de la puerta”, tal como denuncian los activistas.
Aquella noche, cuando los trabajadores de Stop Okupaciones arrancaron la puerta, fue Francisco quien llamó a la policía. “Pero no vinieron”, recuerda. Entonces, fue hasta la comisaría más cercana, donde relató los hechos pero, según lamenta, los agentes no actuaron. “Me dijeron que, como la empresa actuaba en nombre de la propiedad, no podían hacer nada”, asegura.
“Me siento muy inseguro”, asegura Francisco, quien reconoce que, si pudiera, se iría de su piso. Pero no puede. “Vivo solo y, aunque puedo pagarme un alquiler, no tengo dinero para pagar la fianza”, se lamenta este joven, que paga 820 euros.
Francisco lamenta la presión a la que ha sido sometido para abandonar su casa desde que el antiguo propietario muriera y el fondo de inversión adquiriera la finca. “Aunque me quedaban todavía dos años de contrato, me llamaron y me dijeron que me subirían el alquiler a 850 euros. Suerte que fui a asesorarme al Sindicat y me dijeron que no podían hacerlo”, relata Francisco.
A día de hoy, los vecinos no tienen conocimiento de ninguna inspección a la finca para averiguar qué ha sucedido, ni de ningún procedimiento sancionador para poner fin al acoso. Por eso, este lunes entregaron una carta a la empresa pidiendo que se detengan las relaciones con la “empresa de matones” y que se devuelva la puerta de la finca “de forma inmediata”. Porque, a día de hoy, estos vecinos siguen sin puerta.
