Jerarca de Planificación, Laura Fernández, advierte de que el proyecto sobre el OIJ abriría un peligroso portillo en materia de gasto en salarios públicos.
Laura Fernández, ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), advirtió a los diputados sobre los peligros de excluir al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del esquema de salario global establecido por la Ley Marco de Empleo Público (LMEP), así como de las regulaciones sobre pluses salariales introducidas en la reforma fiscal del 2018.
Fernández explicó que una propuesta legislativa, que avanza rápidamente en el Congreso, devolvería al OIJ al antiguo esquema de salario base más pluses, que en el pasado desequilibró las finanzas públicas.
Señaló que esa idea permitiría al Poder Judicial crear pluses para el personal del OIJ sin la autorización de los diputados, a pesar de que esta materia está reservada por ley.
“Abre un peligroso portillo para que otros grupos reclamen el mismo tratamiento, lo cual producirá diferencias salariales odiosas entre los funcionarios”, señaló la jerarca.
La advertencia fue emitida por la jerarca durante una conferencia de prensa, donde resaltó la importancia crucial del OIJ en la lucha contra la inseguridad. Sin embargo, sostuvo que no se debería aprovechar la coyuntura actual para llevar a cabo esta exclusión.
La propuesta de Kattia Cambronera, diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), plantea excluir del salario global y del tope de 20 días anuales de vacaciones a jefaturas, personal técnico, profesional y policial del OIJ. Dichas regulaciones están en la Ley de Empleo Público.
Además, busca sacar a estos servidores de las regulaciones de pluses ordenadas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el 2018 (9635), lo que devolvería al Organismo a las regulaciones anteriores a ambas reformas.
El plan fiscal, por ejemplo, redujo de un 55% a un 25% del salario base, el pago extra por dedicación exclusiva para funcionarios con licenciatura. Esa norma no aplicaría para el OIJ.
En cuanto a las vacaciones, el texto en propuesto establecería 23 días de vacaciones para los funcionarios con 16 años o más de servicio, y 25 días hábiles para aquellos que superen los 20 años de labor en el OIJ.
Del mismo modo, se autorizaría al Poder Judicial a otorgar un 65% de prohibición y dedicación exclusiva a funcionarios con licenciatura u otro grado superior, y un 20% a bachilleres universitarios o que hayan aprobado el cuarto año de la respectiva carrera.
El texto añade que el Poder Judicial podrá crear o incrementar anualidades, así como cualquier tipo de incentivo sea porcentual o nominal, con el objetivo de regresar a las condiciones salariales previas a a la reforma fiscal.
Además de Cambronera, el texto cuenta con el respaldo de 16 legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR) y Frente Amplio (FA).
La ministra explicó que no es necesaria la reforma, dado que el Poder Judicial declaró a todos sus puestos como exclusivos y excluyentes, lo que le permite mejorar el salario global de los empleados del OIJ ajustando los factores de cada puesto, según lo establece la Ley de Empleo Público.
Además, recordó que dicha normativa no redujo los salarios de ningún funcionario, y el Poder Judicial tampoco ha fijado un salario global fijo con un monto único en cada categoría de puesto para sus funcionarios.
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