Los cuerpos y fuerzas de seguridad de Argentina han acabado con la vida de 32 personas desde que el actual presidente del país, Javier Milei, asumió el cargo hace 35 días, según datos de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). «Llevamos sólo 35 días del Gobierno de Milei como presidente y Bullrich como ministra de Seguridad. Ya son 32 las personas asesinadas por las fuerzas represivas estatales», ha denunciado CORREPI en una publicación en la red social X. En concreto, la organización social ha especificado que 12 de las víctimas murieron fusilados de «gatillo fácil» , es decir por violencia policial, 16 muertes tuvieron lugar en cárceles o comisarías, otro de los crímenes fue un «femicidio de uniforme» y los tres restantes fueron «asesinatos intrafamiliares». Noticia Relacionada estandar No Milei invita a Occidente a retomar el camino de la libertad económica frente al socialismo «empobrecedor» Guadalupe Piñeiro Michel El presidente argentino ha asegurado este miércoles en el Foro Económico Muncial de Davos que el Estado no es la solución sino que representa «el problema mismo» A este respecto, CORREPI ha lamentado que, «con la aprobación de la ley 'ómnibus', que legaliza el gatillo fácil y profundiza toda la política represiva, solo se puede esperar que el escenario empeore». «Estas 32 muertes a manos del aparato estatal son apenas los casos de los que nos enteramos por los medios o por consulta directa, lo que indica que cuando hagamos la búsqueda sistemática del año, resultarán muchos más », ha explicado la titular de la Coordinadora contra la Represión y la Violencia Institucional (Correpi), la abogada María del Carmen Verdú, en declaraciones recogidas por medios locales argentinos. Verdú ha señalado que «estos impactantes números ya indican una tendencia que solo se explica a partir de las decisiones e iniciativas ya encaradas por el Gobierno desde el 10 de diciembre pasado» y ha defendido que no pueden «permitir que esta política represiva avance más todavía». «Debemos enfrentar este intento de imponer un estado de excepción con suspensión de derechos y garantías con unidad, organización y lucha», ha sentenciado la abogada.
