Sin haber resuelto aún el conflicto con los funcionarios de Justicia, que siguen en huelga indefinida y con las negociaciones paralizadas por el ministerio, el Gobierno sigue sin dotar de un marco de tranquilidad laboral a la administración judicial, uno de los pilares del Estado de derecho que afecta directamente a un derecho esencial de los ciudadanos. Se reabre el conflicto con los letrados de la administración de Justicia , que ya estuvieron dos meses de paro y que ahora acusan al departamento de Pilar Llop de no dar salida a los decretos acordados con este colectivo. El hecho incontrovertible es el deterioro progresivo de la actividad en los juzgados, con el aumento de inestabilidad y los retrasos en los procedimientos, evitando que los pleitos se resuelvan en un plazo que hace mucho que dejó de ser razonable. La Justicia en España, además de ser un servicio esencial, se presenta como un enfermo crónico del Estado, cuyo diagnóstico es cada vez peor ante la inconcebible apatía del ministerio.
