La Xunta está ‘en pie de guerra’ contra las resoluciones del último Consejo de Ministros de Pesca de la UE. Constituyen, a su juicio y al de los grupos del Parlamento, «ataques» por parte de la Comisión Europea hacia la flota pesquera de Galici a que, de salir adelante, supondrían nuevas restricciones y hasta «un golpe de gracia» para la modalidad de arrastre. Las tres partes políticas han estado de acuerdo en posicionarse en su rechazo, denotando que la preservación y cuidado de los caladeros es la prioridad máxima y que la posibilidad de que se vean afectado s, uno de los ejes en torno a los que gira el debate sobre la implantación de la eólica marina en el litoral gallego, es una «línea roja» en la que ninguna formación está dispuesta a transigir. Así, ha habido coincidencia general ante la necesidad de consolidar un "frente común" para intentar frenar las medidas europeas. Así lo ha manifestado la propuesta para emprender una búsqueda de "aliados" —también entre otras regiones y países afectados por las intenciones de la CE— que ha lanzado la conselleira del Mar, Rosa Quintana. Lo ha hecho tras las cuatro comunicaciones emitidas por la CE el 21 de febrero: una evaluación de la política pesquera común, otra de la organización común de mercados de los productos de pesca y acuicultura, el plan de acción para proteger los ecosistemas marinos para una pesca sostenible y la estrategia para la transición energética del sector pesquero de la UE; su sumatorio, un "cúmulo de despropósitos" a ojos de la Xunta. "La Comisión vuelve a obviar la forma correcta de hacer las cosas", ha valorado la conselleira, que recrimina que no se haya realizado un estudio más exhaustivo y con mayor peso del "método científico" al considerar su impacto en aguas gallegas. Quintana ha dejado claro que limitar el arrastre no le parece "coherente" con la actividad que se desempeña en las zonas afectadas y que "no podemos permitir que salgan adelante decisiones arbitrarias e injustificadas, como el veto a la pesca de fondo aplicado el año pasado". Por eso, ha anunciado la titular del Mar, la Xunta involucrará a los eurodiputados que apoyen al sector y recogerá la postura gallega, unificada, en un manifiesto. La diputada del PSdeG Patricia Otero ha confirmado desde su primera intervención que su grupo se posicionará "al lado" del Gobierno autonómico en la creación de este frente común. Por contra, la portavoz del BNG, Rosana Pérez, ha esperado a su segundo turno para precisar que los nacionalistas no planean apoyar "a ciegas" a la consellería, si bien su postura "es clara" en que respaldan "con todo" al sector pesquero gallego. Pérez ha confrontado esta actitud de su partido frente a la de los populares y la de los socialistas en referencia a la eólica marina, afeando que mientras se ponen "trabas a seguir pescando" también se abren "las puertas de par en par a las grandes eléctricas": "Ustedes tienen una política de apoyar al sector pesquero de día y destruirlo de noche", les ha recriminado. En respuesta, la conselleira ha ratificado que la "línea roja" que interpone el Gobierno gallego frente al desarrollo de la eólica marina es "que no afecte a la actividad de la flota pesquera". Con esa "coherencia" reivindicada por Quintana ha coincidido Otero, defensora de que la llegada de los aerogeneradores respete los caladeros, abogando por que el escenario sea analizado "proyecto a proyecto" según se vayan planteando. Planas frente a Ribera En esta unidad política que se pretende consolidar, la Xunta ha encontrado un aliado en el ministro de Pesca, Luis Planas, que este mismo lunes ha defendido al sector del arrastre y con quien la conselleira del Mar espera continuar trabajando en el amparo ante la CE de las necesidades e intereses de Galicia. Pero, pese a cierta perspectiva de avance, de "incongruencia" tachó la parlamentaria popular Teresa Egerique la divergencia de posiciones entre la que sostiene Planas y la de la titular del Ministerio para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quien calificó de "incendiaria". "Si suscribimos las palabras de Planas queremos saber las decisiones de Ribera", exigió Egerique, que considera que la ministra exhibe una "agenda ambientalista" que no es efectiva para hacer frente a las directrices europeas, y criticó que ambos "se sientan en la misma mesa con posturas diferentes".
