El PP ha denunciado ante la Agencia Valencia Antifraude los contratos para la adquisición de material sanitario , durante los peores momentos de la pandemia del coronavirus, que el Gobierno de Ximo Puig adjudicó a Comité Textil, la firma de un empresario de Ontinyent, de origen chino, que trazó relaciones con el país asiático. Unos meses en los que fueron constantes las llegadas de aviones a Valencia procedentes de China, en un contexto de escasez de equipos de protección. Los populares quieren que este órgano autónomo investigue las «posibles irregularidades» y «si pudieron evitarse fácilmente» los «sobrecostes millonarios» de unas compras -por el procedimiento de emergencia- realizadas entre mayo y julio de 2020 por un total de 44,9 millones de euros a la mercantil Comité Textil: desde guantes de látex o batas quirúrgicas hasta respiradores, incluyendo la gestión de su transporte. Pese a que se formalizaron por escrito más tarde, los primeros encargos se realizaron en marzo, pocos días después de decretarse el estado de alarma y el confinamiento domiciliario de la población. En julio de 2022, la agencia que dirige Joan Llinares emitió un informe tras analizar una parte de las contrataciones hechas en ese periodo de tiempo. El documento consideraba que no hubo fraude ni corrupción , pero sí se pedía que se revisaran de oficio todos los acuerdos suscritos para subsanar «déficits». Los diputados del PP en las Cortes Valencianas Fernando Pastor y Miguel Barrachina han argumentado este miércoles que recurren a Antifraude para conocer los entresijos de estas operaciones en concreto ante la negativa de PSPV, Compromís y Unides Podem de abrir una comisión de investigación parlamentaria . Ambos han apuntado a la «relación personal» de la entonces secretaria autonómica de Economía y ahora consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, con el empresario, por su anterior etapa como concejal en Ontinyent. «Se nos vendió como un mesías y a lo mejor resulta que las cosas han sido de otra manera», ha señalado Pastor. El Consell presentó al propietario de la mercantil -con un capital social de 3.000 euros y una facturación de 450.000 el año anterior- como intermediario, aunque terminó ejerciendo de proveedor. Del mismo modo, el diputado ha puesto el foco en que, pese a las contrataciones millonarias, solo declaró un beneficio de 511 euros ese año. En ese sentido, ha apuntado que esta empresa -dedicada en realidad al comercio al por menor de prendas de vestir- «ni antes ni después ha vuelto a contratar con la Administración pública» y «vendía bastante más caro en el mismo momento el mismo producto». Además, «fue la única que cobró por anticipado el importe de los contratos». «Basta con realizar una comparativa de precios sobre los mismos productos que la propia Generalitat Valenciana compró en ese mismo momento. Solamente con cuatro productos podemos establecer una estimación de sobrecostes que ronda los siete millones, a los que habría que sumar los costes de transporte marítimo y aéreo que también fueron sufragados por la Generalitat en el caso de Comité Textil. A nadie más se le abonaron los portes», ha criticado Pastor. La Generalitat reclamó medio millón de euros La relación del Ejecutivo autonómico con este empresario no terminó del todo bien. El Gobierno de Puig tuvo que reclamar poco más de medio millón de euros al considerar que no se había cumplido con lo pactado . En marzo de 2021, desde Presidencia se inició el procedimiento para resolver el contrato ante el «incumplimiento parcial de la obligación del suministro de guantes de nitrilo y de buzos desechables con gorro del precio y calidad contratados». Además, según alega el Consell, la empresa contratista entregó productos que no habían sido encargados, como buzos de mayor precio al contratado. El empresario se opuso a la resolución del acuerdo aludiendo a las «dificultades e inestabilidad» del mercado de productos en China. Además, se defendió destacando que proporcionó todos los productos sanitarios que pudo conseguir y que las propias partes acordaron que «practicarían las compensaciones oportunas en función de los productos suministrados», por lo que instó a que se le abonaran «los saldos y las compensaciones pendientes».
