La muy conservadora Liz Truss, primera ministra del Reino Unido, ha retirado este lunes el plan estrella de su Gobierno recién formado: bajar los impuestos a los ricos. No lo ha hecho por convicción, sino por necesidad. Los mercados financieros, diversos organismos internacionales e incluso muchos diputados de su propio partido le han advertido a la premier que o daba marcha a atrás en esa medida o correrían serio riesgo de caer la libra esterlina, la economía británica en su conjunto y su liderazgo. La derecha española, que aplaudió el plan de Truss cuando se conoció, calla ahora y mira para otro lado sobre el caso británico, pero sigue aquí criticando el paquete de medidas fiscales anunciado el jueves pasado por el Gobierno de Pedro Sánchez. La receta española es justo la contraria a la británica y a la del PP en las autonomías que gobierna: subir impuestos a los ricos, a los que más tienen y más ganan, y bajárselo a los que tienen y ganan poco o muy poco.
La progresividad fiscal, que paguen más al erario público los que más tienen, no es un invento reciente de podemitas, comunistas o rojos peligrosos. Está en nuestra Constitución vigente, la que elaboraron en 1978 los llamados "siete padres" de la Carta Magna: Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón, José Pedro Pérez Lorca, Manuel Fraga, Miquel Roca, Gregorio Peces-Barba y Jordi Solé Tura. Sólo estos dos últimos eran de izquierdas. Los otros cinco iban del centrismo o la derecha moderada a la derecha dura de origen franquista. Septeto tan poco sospechoso de rojerío irredento escribió un artículo, el 31 de nuestra Constitución, que en su punto 1 dice así. “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». Las negritas son mías. El autoproclamado "constitucionalista" Partido Popular queda de nuevo en evidencia: en estas semanas de debate fiscal no se ha escuchado a ninguno de sus dirigentes reivindicar el artículo 31 de la Carta Magna.
La Constitución de 1978 no es ni muchísimo menos la pionera en España en lo de la progresividad fiscal. El principio ya estaba en la Pepa, la Constitución elaborada por las Cortes de Cádiz en 1812, durante la invasión napoleónica. El artículo 339 de aquella Carta Magna de hace nada menos que 210 años dice: «Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno”. Las "facultades" eran entonces los caudales, el capital que cada uno tenía. Aún figura esa acepción en el Diccionario oficial actual. A los liberales que hicieron aquella norma se parecen poco nuestros liberales de hoy.
El artículo 31 de nuestra ley de leyes vigente habla de "todos", a secas, cuando señala a los que tenemos obligaciones fiscales. Un "todos" que indica que se refiere no solo a las personas físicas, sino también a las personas jurídicas. Por ejemplo, a las empresas. El reciente paquete fiscal del Gobierno de coalición también baja los impuestos a las pequeñas y medianas empresas y se los sube ligeramente -limitando algunas bonificaciones- a las grandes. En esto último, el Gobierno quizás se haya quedado algo corto, al menos en la opinión de su socio pequeño, Unidas Podemos. En proporción a sus volúmenes de negocio y a sus beneficios, las pymes todavía pagan bastantes más impuestos que las grandes corporaciones. Estas últimas disponen aún de muchos mecanismos -legales, es cierto- que les permiten reducir su factura fiscal a tipos reales inferiores a los que pagan aquellas.
El Gobierno ha llamado "impuesto de Solidaridad" al que pone a los 23.000 contribuyentes más ricos. Ni el nombre ni el impuesto en sí le ha gustado a la derecha. Tampoco le ha gustado a esta -ni a Mariano Rajoy ni a Alberto Núñez Feijóo- que se hable de ricos y de pobres. Pero lo cierto es que la inflación ha empobrecido y mucho a una parte de la sociedad española, a una porción grande, entre un cuarto y un tercio del total. Si hasta ahora sufrían por llegar a fin de mes, el alza de los precios les está dificultando llegar ahora al día 20 de cada mes. En tiempos tan duros para una parte de la población, las grandes fortunas personales y las grandes corporaciones con cuantiosos beneficios deberían sumarse a la solidaridad fiscal con convicción, no a la fuerza. Ese sí es el verdadero patriotismo.
