Más de 15 millones de chilenos y chilenas están obligados a votar este domingo 4 en el plebiscito que decidirá si Chile apuesta por una nueva Constitución que sustituya la vigente, diseñada y aplicada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y reformada parcialmente en democracia.
El nuevo texto, redactado por la primera asamblea constituyente paritaria del mundo, tiene 388 artículos y da un giro de 180 grados en la garantía de derechos básicos y la definición de las instituciones chilenas. En su primer artículo establece que "Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico" y dice que "su democracia es inclusiva y paritaria".
El plebiscito constitucional es el hito que corona un proceso constituyente que fue empujado desde la calle. Las protestas ciudadanas que empezaron en octubre de 2019 estudiantes de secundaria que se quejaban por el alza del transporte público dio pie a las movilizaciones más masivas desde el retorno a la democracia. En medio de extensas jornadas de protesta, las fuerzas políticas, de forma transversal, suscribieron un acuerdo "por la paz y una nueva Constitución". Después del plebiscito para empezar el proceso, en el que el 78% votó a favor del cambio constitucional, ahora la decisión pasa por aprobar o rechazar el texto escrito durante un año por 154 constituyentes.
De forma excepcional, el plebiscito tiene, por ley, carácter obligatorio y quienes no sufraguen deberán pagar una multa de hasta 178.000 pesos (casi 200 euros). En Chile, el voto es voluntario desde 2012, año en que empezó a disminuir la participación electoral. Desde entonces, ese indicador ha oscilado en torno al 50% en todas las elecciones. La segunda vuelta presidencial, que disputaron el actual presidente de izquierdas Gabriel Boric y el ultraderechista José Antonio Kast alcanzó un 55,7% de participación. Es hasta ahora la elección más concurrida. Sin embargo, la obligación de ir a votar alterará la tendencia de la participación y podría definir el resultado.
"El voto obligatorio generará un aumento de la participación electoral de al menos el 10%, por lo que deberíamos estar como mínimo en torno al 65%", dice el politólogo de la Universidad de Talca Mauricio Morales. Según él, con este aumento "se espera que se reduzca la brecha de clase porque siempre las comunas más ricas han votado más que las más pobres". En la Región Metropolitana (RM) y Valparaíso este aumento beneficiaría a la opción "apruebo". "Ambas regiones representan el 55% del padrón electoral con lo que el apruebo puede mantener sus esperanzas allí", dice el académico. En el resto del país si sube la participación sube el "rechazo".
Hace meses que las encuestas posicionan al 'rechazo' como opción ganadora. Los últimos sondeos le otorgan una ventaja de en torno a los 10 puntos. Sin embargo, los expertos y analistas no dan nada por cerrado. Algunos incluso consideran que el resultado será muy ajustado.
Entre las principales razones que generan mayor controversia hay aspectos relacionados con el sistema de gobierno, que establece dos cámaras (el Congreso de Diputadas y Diputados, el más poderoso, y la Cámara de las Regiones) y la desaparición del Senado; la protección de la propiedad de bienes como las pensiones o la vivienda; y la plurinacionalidad. Los detractores del texto lo califican de "indigenista" y consideran que algunos artículos pueden profundizar la división del país.
La sociedad chilena lleva un tiempo fuertemente polarizada. Primero fue con el plebiscito de octubre de 2020, luego vino la elección presidencial, en concreto, la segunda vuelta, y ahora el plebiscito para aprobar el texto. "Tenemos que evitar que el lunes [5 de septiembre] se transforme en una idea de que hay vencedores y vencidos, y un clima que aumente la polarización", dijo esta semana el ministro Giorgio Jackson.
Para algunos expertos, no se trata tanto de una polarización ideológica, sino más afectiva y emocional. Una suerte de "nosotros contra ellos". "El país va a terminar dividido sí o sí, y mínimo un 45% de la población va a quedar descontenta con el resultado, es decir, la convención fracasó en su objetivo de unir al país. Lo dividió y fracturó la amistad cívica", dice Morales. Para la politóloga de la Universidad de Concepción Jeanne Simon, solo si el resultado es ajustado "obligará a las fuerzas políticas a trabajar juntas y encontrar más puntos en común, sin que un sector que se siente ganador excluya los demás".
Han contribuido a la división los bulos y otras formas de desinformación, que han sido constantes desde el inicio del proceso constituyente. "Dada la complejidad temática de la Constitución, ha habido noticias falsas que han emergido de leer o interpretar mal el texto y han surgido opiniones que, sin ser necesariamente falsas, no han sido suficientemente claras o bien explicitadas y eso produce dudas", dice Miguel Ángel López, politólogo de la Universidad de Chile y de la Universidad Diego Portales.
Gane quien gane, hay algo que en las últimas semanas ha quedado claro: el proceso no termina este domingo. Si gana el 'apruebo', los partidos del Gobierno tendrán que cumplir el compromiso que adoptaron hace unas semanas y que consiste en modificar los puntos más controvertidos del texto a través de reformas que se llevarían a cabo en el Congreso. Este pacto no gustó al ala más dura de su propia coalición, pero fue la apuesta de Boric a los indecisos para dar certezas de reformas. "El acuerdo contribuyó a que parte de los votantes de centroizquierda pudiesen verse más representados y por una estrategia de reforma", dice Morales.
En el caso de ganar el 'rechazo', existe cierto consenso político de que la Constitución actual debe cambiarse porque casi el 80% así lo expresó en el plebiscito de octubre 2020. El presidente ha dicho que su opción pasa por no repetir un plebiscito, sino llamar a una nueva elección de convención, que probablemente tendría nuevas reglas. De hecho, dos parlamentarios del centro-izquierda han presentado un proyecto de ley para que, en caso de ganar el 'rechazo', que promueven sectores que van desde la ultraderecha hasta la centro-izquierda, el presidente pueda dar los pasos necesarios para convocar una nueva convención. "Es un plan B del que nunca se quiso hablar explícitamente, pero que ahora es más necesario que nunca considerando las posibilidades de que el 'rechazo' se imponga", dice Morales.
En la mesa hay otras opciones como modificar la propuesta constitucional: una convención integrada por parlamentarios, un comité de expertos o una reforma a la actual Constitución de 1980 con un cambio legal que reduce el quórum para ello. Las respuestas se conocerán a partir de este domingo.
