La Fiscalía Anticorrupción nació en los últimos días de 1995 y una de sus primeras misiones fue la que nunca se habrían imaginado: investigar y acusar a un magistrado por practicar la corrupción desde su juzgado. Ese magistrado era Luis Pascual Estevill, que ha fallecido en Barcelona a los 88 años de edad. Cercano a Jordi Pujol y a Convergència, Estevill llegó a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial y fue finalmente condenado, entre otras penas y causas, a nueve años de cárcel por extorsionar a una decena de empresarios a cambio de darles trato de favor en causas judiciales, además de por esconder millones y millones de pesetas en Suiza.
Estevill entró en la judicatura en 1990, aunque para entonces llevaba casi tres décadas ejerciendo como abogado. Un periodo en el que, entre otras cosas, defendió al president Jordi Pujol en el 'caso Banca Catalana'. Según la sentencia que estudió su caso, un año después de ponerse la toga ya estaba prevaricando con la connivencia de abogados como Piqué Vidal.
Lo hizo entre 1991 y 1994 cuando ejercía como juez instructor en Catalunya, después de acceder a la magistratura como jurista de reconocido prestigio. Imputados en diversos casos relacionados con casos de corrupción empresarial y tramas de facturas falsas como Indelso, Pryca, Macosa o Nutrexpa que, en un momento dado, descubrieron que la solución a sus problemas era acceder a las exigencias del juez. Esas exigencias, muchas veces, pasaban por cobrar dinero en cuentas en Suiza a cambio de sacarles de la cárcel o aligerar sus medidas cautelares.
El fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, presentó una querella contra él ante la sala segunda del Tribunal Supremo. Lo hizo en un momento en que Estevill era vocal del Consejo General del Poder Judicial, situado en la acera de enfrente de la calle Marqués de la Ensenada de Madrid. Había sido nombrado en 1994 a propuesta de Convergència i Unió, obteniendo 199 votos en el Senado.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya le condenó en 2005 después de una investigación larga y complicada, pendientes no sólo de saber lo que había pasado dentro de su juzgado sino también de las comisiones rogatorias que llegaban de Suiza. Allí es donde Estevill cobraba los sobornos, que en algunos casos llegaban a 50 millones de pesetas. En su momento le fue impuesta una fianza de más de 500 millones de pesetas para hacer frente a responsabilidades civiles y, entre otras cosas, se embargaron hasta 13 inmuebles.
Juez extremadamente cercano a Jordi Pujol y a Convergència, Estevill ocupa uno de los puestos más altos de la nómina de jueces condenados en España por corromperse con la toga puesta. Esa fue su condena definitiva: nueve años de cárcel por prevaricación, cohecho, detención ilegal, amenazas y alzamiento de bienes. Pero no era su primera visita al banquillo como juzgado y no como juzgador.
En 2001 el Tribunal Supremo había confirmado una condena de siete años de cárcel por tres delitos fiscales, además de la obligación de pagar 100millones de pesetas a las arcas públicas. Previamente, en 1996, la misma sala segunda del Supremo le había impuesto seis años de inhabilitación por extorsiones similares a las que le costaron posteriormente nueve años de prisión: por enviar a prisión a varios empresarios en el caso del banquero Alfredo Sáenz. Tres condenas, cifra récord para un magistrado español por delitos cometidos desde el juzgado que también se tradujeron en un terremoto en el Consejo General del Poder Judicial.
Pascual Sala, entonces presidente del órgano de gobierno de los jueces, afeó el "irreparable daño" que varios vocales estaban causando a la institución para intentar que Estevill no fuera apartado de la institución a pesar de sus condenas. Entre los que se opusieron a la destitución de Estevill en la década de los noventa estaba Margarita Mariscal de Gante, posteriormente ministra de Justicia en la primera legislatura de José María Aznar y vocal del Tribunal de Cuentas hasta el año pasado.
Fallecido ayer en Barcelona, Luis Pascual Estevill protagonizó un terremoto judicial y delictivo que tuvo réplicas en la política, en la Justicia y que no terminó hace hace apenas un lustro. En 2017 el Tribunal Superior de Catalunya declaraba extinguida su responsabilidad penal por sus tres casos de corrupción, momento en que dieron por cumplida su condena. Casi tres décadas después de acceder a la judicatura y entrar en el Consejo General del Poder Judicial.
