La Fiscalía ha archivado la querella que Vox presentó contra el consejero de Educación catalán, Josep González-Cambray , por «desobedecer» el fallo que insta a aplicar el 25 por ciento del castellano en las aulas del territorio. También ha rechazado admitir a trámite la denuncia de las asociaciones Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana. El partido de Santiago Abascal presentó la queja contra Cambray porque la Generalitat no había aplicado el porcentaje fijado por el tribunal, y tampoco había dado instrucciones para su cumplimiento. También alegó que el decreto ley aprobado por el Govern en mayo de 2022 rechazaba «proporciones en la enseñanza y uso del lenguaje». Vox argumentó que este posicionamiento de la Generalitat era un «pulso al Estado de derecho», pero la Fiscalía señala ahora que no aprecia indicios de desobediencia ni de ningún otro delito en la actuación del consejero. Noticias Relacionadas estandar No Las asociaciones en defensa del bilingüismo anuncian querellas contra el consejero si incumple el 25% estandar No La Generalitat pagará la defensa jurídica de los directores que no cumplan con el 25% Además, el Ministerio público también ha rechazado admitir la denuncia de las dos entidades defensoras del bilingüismo , que sostenían en su queja que el Departamento de Educación había «dictado instrucciones en las que instaba expresamente a desobedecer» la sentencia. Para el fiscal, Cambray no incurre en un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial y subraya que debe ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) quien manifieste si el consejero ha desatendido sus requerimientos. Además, señala que dicha desatención no puede, como pretenden las asociaciones denunciantes, «deducirse sin más del dictado de unas instrucciones a los centros, cuyo objeto no es imponer un determinado modelo de proyecto lingüístico, sino validar los que deben los propios centros elaborar de acuerdo con las facultades legalmente reconocidas». En cuanto al delito de prevaricación, que la denuncia imputó al titular de Educación por la comunicación que su Consejería remitió a los colegios el pasado mayo para que sus directores no aplicasen el 25 por ciento, el Ministerio público señala que se trata de unas directrices que se sustentan en la aprobación de un decreto ley del Govern y, por tanto, «actos propios del poder legislativo». Es decir, «impugnables a través de los medios específicos legalmente establecidos al efecto».
