El fantasma de los ajustes y recortes acecha al Gobierno

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha calculado en unos 15.000 millones el ajuste fiscal que debería hacer España para cumplir con las reglas de gasto que impone la UE a los países miembros. Bien por la vía de tener más ingresos recaudando más, bien por la vía de la contención del gasto y el déficit, el Gobierno tendría que ajustarse a estos parámetros, ya que con los presupuestos vigentes ese objetivo resulta imposible.


Es cierto que la UE ha dado un año más de flexibilidad en el cumplimiento de las reglas que fuerzan a los países a presentar un déficit inferior al 3 por ciento y una deuda no superior al 60 por ciento del PIB. Pero también lo es que no autorizó una barra libre de gasto. Por tanto, al Gobierno se le presenta un problema añadido a la ya de por sí compleja gestión del periodo inflacionista: el de subir más los impuestos, con el riesgo de un rechazo social creciente, o el de asumir recortes, una palabra prohibida en el diccionario de Moncloa. Pero no hay alternativa.