A punto de cumplirse un año de la aplicación de la polémica Ley nacional de la Eutanasia en Castilla y León, el balance es que se han realizado dieciséis solicitudes de asistencia para morir de las que cuatro se han llevado a cabo. En algunos casos, las peticiones no cumplían con los requisitos marcados en la normativa para poder desarrollarse; en otros, no ha sido posible porque el demandante ha fallecido antes y también ha habido personas que han dado marcha atrás en su petición. Además, el número de médicos objetores a realizar esta práctica se ha ido incrementando con el paso de los meses. Así, si en noviembre de 2021 figuraban en el registro 238, en este mes de junio llegaban a los 625. Es decir, se han incrementado un 162 por ciento en los últimos seis meses y un 50 solo desde el pasado marzo, cuando eran 415.
Fue el 25 de junio de 2021 –un día antes de la entrada en vigor de la legislación estatal– cuando Castilla y León dio luz verde a la creación de la Comisión de Garantías y Evaluación que regula la ayuda para morir como primer paso para aplicar la controvertida norma del Estado, que desató protestas por parte de algunos grupos políticos y sociales. Se trata del órgano formado por 15 personas, entre juristas y médicos, encargado de velar por el procedimiento sanitario, de que las personas solicitantes están en disposición de hacer la petición y de vigilar que se cumplen estrictamente las condiciones recogidas en la norma: «Padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables».
Voto particular
Un año después, la Comisión «ha cumplido su función y lo ha hecho correctamente», considera su presidente, el jurista José Ignacio Sobrino, quien cree que ha habido «entendimiento», al margen de que se haya producido «alguna discrepancia» en la que se ha emitido «algún voto particular». «No todos los casos llegan al pleno», indicó Sobrino. Y es que una vez que se ha realizado una solicitud es el denominado «médico responsable» el que de inicio se encarga de atender al paciente y de analizar la situación y más tarde un «médico corrector» , ajeno al equipo del anterior, verifica el proceso.
«Sí se han dado casos de retrasos por el hecho de que el primero de los profesionales se ha declarado objetor», relata sobre algunos de los procesos tratados hasta ahora. Si ambos sanitarios están de acuerdo, se deriva a la Comisión, que designa a otro sanitario y un jurista para determinar si continúa adelante. «Si hay discrepancia entre estas dos últimas personas, interviene el pleno» porque no todos los casos son claros, explica el presidente de la Comisión, quien cita como aspectos a mejorar la «formación integral» a los profesionales en cuanto a las «situaciones»y los «trámites a seguir». «Es necesario también tener en cuenta el tema de los cuidados paliativos» para aquellas personas que, pese al sufrimiento, deciden seguir adelante.
En un asunto siempre polémico, la sensación en el colectivo sanitario es de «normalidad», indica el presidente del Comité de Ética Asistencial del Área de Salud de León, Antonio Blanco, quien además fue presidente casi una década de la Comisión de Bioética regional. «Al principio fue motivo de divergencia, pero se ha llevado a cabo con mucha normalidad y no ha habido problemas. Y no queda otra porque es una ley que hay que asumir y una prestación que hay que ofrecer en el sistema». «La administración lo está aplicando bien al igual que el desarrollo autonómico, que se ha hecho en plazo», subraya. A nivel social, considera que «se ha superado el debate, aunque lleva activo años por distintas cuestiones, como las ideológicas». De hecho, asegura que se ha entendido que esta medida tiene un carácter «excepcional» y de ahí que las solicitudes no hayan sido muchas en la Comunidad. Y es que tampoco hay opción a que sea un «coladero», defiende, porque la ley es «garantista y el procedimiento está muy tasado».
Sobrecarga
Pero lo que sí ocurre es que estos trámites suponen «una sobrecarga para los profesionales, además de una novedad, por lo que puede haber problemas de abordaje». Quizá esto sea, dijo, uno de los motivos de objeción de los más de 600 sanitarios que se oponen, además de los aspectos morales. Todo ello, pese a que ha «habido una buena información» al respecto, pero coincide también en que hay que trabajar más en la formación en relación a los aspectos bioéticos.
El vocal de la Comisión de Garantías y Evaluación, Eduardo Arrieta, sí ha percibido «mucho rechazo» hacia la ley y también considera que, además de la objeción por motivos de ética, que confía en que sea la mayoría, existe otra «preventiva» para «no implicarse en un proceso que es complejo» y que requiere dedicación desde que se recibe una solicitud, muchas de ellas a través de los médicos de Familia. Como sanitario, explica que a lo largo de este año en el órgano que evalúa las peticiones han «aprendido» sobre cuestiones que para todos «eran nuevas»y considera claves dos cuestiones de la legislación: la autonomía que se otorga al paciente y el proceso deliberativo junto al enfermo, en el que el profesional acompaña y escucha.
