La llegada de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid en agosto de 2019 ya estuvo marcada por la polémica del préstamo que Avalmadrid concedió a su padre en 2011 cuando ella ya estaba en el PP y en la política madrileña. 400.000 euros que nunca fueron devueltos y que costaron a las arcas públicas 102.000 euros, que tuvo que devolver la Comunidad de Madrid ante el impago de los beneficiarios del crédito entre los que estaba su padre. Para librarse del importe que le correspondía, Lorenzo Díaz donó en vida sus propiedades a sus dos hijos, Isabel y Tomás Díaz Ayuso. Todos las acciones judiciales que se han intentado interponer contra la dirigente regional por este asunto han sido archivadas en los tribunales pero nadie ha desmentido que su familia realizase esa operación que le permitió salvar las propiedades y no devolver el dinero público a las arcas de la Comunidad. También está probado que la propia Ayuso medió para que se concediese ese crédito, como ella misma reconoció. Aquel fue el primer escándalo que afectaba a los manejos de la familia de la presidenta antes de que llegara a la Puerta del Sol. Pero detrás han venido otros, directamente relacionados con su gestión al frente de la administración regional.
La última polémica está protagonizada por Jairo Alonso, exnovio de la presidenta madrileña. Tras toda una vida dedicada a la profesión de peluquero, Alonso ha encontrado un nuevo camino, y un nuevo sueldo en un sector donde no se le conoce experiencia anterior. Desde el pasado noviembre trabaja en Asseco: una empresa del sector de la tecnología que está especializada en el ámbito de la salud. Así aparece en su propio perfil de Linkedin, tal y como desveló esta semana El Plural.
La empresa en la que ejerce como director de operaciones ha pasado de facturar de la administración regional algo más de 3.000 euros, en los ejercicios anteriores al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a más de medio millón desde la llegada de la presidenta madrileña a la Puerta del Sol hace dos años. La mayoría de las adjudicaciones a esta empresa en las últimas dos anualidades han sido a través de contratos menores: licitaciones inferiores a 18.000 euros que la administración regional puede adjudicar a dedo sin necesidad de publicitarlo ni de concurso público. Desde que Ayuso es presidenta, hay casi 40 por este procedimiento para Asseco con cantidades que varían desde los 1.800 euros a los 18.000, IVA incluido. Antes de que Ayuso llegara a este cargo, en agosto de 2019, apenas fueron tres.
Entre estas nuevas adjudicaciones para la empresa donde ejerce de directivo el exnovio de Ayuso destacan otros dos contratos de mayor tamaño adjudicados a esta compañía en el último año: uno en noviembre de 2020 del hospital público 12 de octubre por valor de 103.588,04 euros, un concurso al que se presentaron tres ofertas, la de Asseco incluida, para la adquisición de dispositivos "All in one táctiles para el Hospital 12 De octubre". Y otro gran contrato de la Consejería de Cultura y Turismo que dirige la exdirigente de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz por valor de 189.944,48 euros. Esta adjudicación, que también fue tramitada por concurso público a la que se presentaron cinco ofertas, recayó en Asseco y la UTE Alcandora publicidad S.L. el 13 de enero de 2021 y su objeto era la gestión de marketing digital para la promoción turística de la Comunidad de Madrid, algo para lo que Asseco no dispone de experiencia previa. La contratación de Jairo Alonso llegó unos meses después: "Es una persona que ha estado llevando operaciones y tiene muchos contactos", justificó su incorporación a la compañía el joven CEO de Asseco, José Carlos Pinilla, en declaraciones a El Plural.
El nombre de Jairo Alonso es uno más de una lista de personas cercanas a la presidenta madrileña que encuentran acomodo en empresas que facturan a la administración regional. elDiario.es desveló en noviembre que la Comunidad de Madrid adjudicó a dedo un contrato a una empresa propiedad de un amigo de la presidenta madrileña. 1,5 millones de euros –IVA incluido– para la compra de mascarillas FFP2 y FFP3 a la compañía Priviet Sportive S.L, una empresa dedicada al negocio textil y ganadero cuyo principal accionista y administrador único es Daniel Alcázar, con quien Ayuso y su familia mantienen amistad desde hace décadas, como ratificaron varios testigos a esta redacción, por ser ambos vecinos de Sotillo de la Adrada, un municipio al sur de la provincia de Ávila, el pueblo de la presidenta madrileña del que nunca duda en presumir. La adjudicación se hizo en plena primera ola, en abril de 2020, por el procedimiento de emergencia por lo que no hubo concurso público.
El Gobierno regional recurrió a esta empresa propiedad del empresario de Sotillo de la Adrada pese a que no tenía ninguna vinculación hasta el momento con el sector de la sanidad ni había relación previa como proveedor de la Comunidad de Madrid. Según figura todavía en el registro mercantil, Priviet Sportive S.L. tiene como objeto social la "confección, fabricación y venta al por mayor y al por menor de artículos para el vestido y el tocado de caballero y señora". También se dedica a la "explotación agrícola, forestal, ganadera o cinegética de fincas rústicas". No hay nada en la documentación del Registro Mercantil ni en las últimas cuentas presentadas por la empresa –las de 2019– que apunte al negocio de material sanitario. La relación contractual entre la Comunidad de Madrid y Priviet Sportive además nace y muere con este contrato. Nadie en el Gobierno regional respondió por qué se recurrió a esta empresa. Tampoco el empresario quiso responder a las preguntas de elDiario.es.
Desde el equipo de la presidenta no negaron la relación personal que Isabel Díaz Ayuso mantiene con el empresario Daniel Alcázar, pero desvincularon a la dirigente de la adjudicación y atribuyeron la decisión a a la Consejería de Sanidad, dirigida entonces y ahora por Enrique Ruiz Escudero. También aseguraron que el dueño de la firma Daniel Alcázar no se puso en contacto con Ayuso ni con el Gobierno regional para ofrecer las mascarillas, así que de nuevo planea la incógnita de cómo llegó el Gobierno regional hasta esa empresa.
Pero si hay un familiar de la presidenta que ha sido citado repetidamente en la Asamblea de Madrid esta legislatura ese es Tomás Díaz Ayuso, hermano de la dirigente regional. Un tema que irrita especialmente a Isabel Díaz Ayuso, quien ha dado órdenes expresas a la presidenta de la Asamblea de Madrid, María Eugenia Carballedo, de cortar cualquier mención de la oposición a su familiar durante las sesiones de control en el Parlamento regional. La mayor polémica se produjo el pasado mes de noviembre cuando una diputada socialista fue expulsada por hacerlo.
Aquel jueves de noviembre en que Carballedo acabó provocando el plante de toda la oposición, que abandonó el hemiciclo en protesta por lo que consideran censura a los diputados, no fue la primera vez que en la institución sobrevolaba el nombre de Tomás Díaz Ayuso. Las alusiones al hermano de la presidenta son constantes desde desde que elDiario.es destapase su vinculación con una empresa a la que el Gobierno regional adjudicó varios contratos, todos ellos a dedo. La Comunidad de Madrid adjudicó por la vía directa, sin concurso ni concurrencia de otras firmas, 70.500 euros a una empresa para la que trabaja el hermano de la presidenta madrileña. Diez contratos que se adjudicaron desde septiembre de 2019 –con la llegada de Ayuso a la presidencia– hasta marzo de 2020. Esta redacción también detalló que el primer contrato a esa misma compañía se produjo años antes coincidiendo con el primer cargo público de la presidenta, en 2017, cuando fue nombrada viceconsejera de Justicia en el Gobierno de Cristina Cifuentes. Ya durante la pandemia, el Gobierno de Ayuso también compró mascarillas durante la pandemia por valor de 150.000 euros a otra empresa vinculada con la sociedad para la que trabaja el hermano de Ayuso, como desveló de nuevo este diario.
Desde entonces, la oposición no ha dejado de mencionar el asunto. Desde Más Madrid registraron una petición para que Tomás Díaz Ayuso compareciera en la Comisión de Sanidad para explicar estos contratos. El control del PP en la Mesa de la Asamblea ha dejado en un cajón la petición. También quedaba en papel mojado la solicitud del PSOE para que se tramite una comisión de investigación por la contratación después de que Vox se posicionase en contra.
"Los ciudadanos vienen a Madrid a materializar aspiraciones, a arriesgar, a vivir con pasión y no a esperar que nadie les regale nada", asegura en cada mitin, presentación pública y rueda de prensa Isabel Díaz Ayuso. Una versión castiza del sueño americano, esa región española donde todo aquel que "arriesga" logra mejorar por sus propios méritos y talento. También lo han hecho en el entorno más cercano de la presidenta madrileña, todos vinculados al sector de la sanidad pública.
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