La reforma laboral está siendo el actual caballo de batalla económico y ABC ha pulsado la opinión al respecto del sector empresarial de la región mediante la opinión del secrteraio general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga.
¿Cómo valora la reforma laboral que se acaba de consensuar entre el gobierno, CEOE y los sindicatos?
Mantiene las bases fundamentales de la reforma anterior y ajusta de manera equilibrada algunos aspectos que estaban en tela de juicio por Europa.
¿Cómo por ejemplo?
La temporalidad de los contratos. En esto Europa exigía cambios profundos.
Ha habido sectores empresariales importantes, incluso dentro de CEOE, que han criticado el acuerdo
Sí, fundamentalmente porque para esos sectores era necesario avanzar en la flexibilidad de las relaciones laborales. Pero gobierno y sindicatos no se sentaban en la mesa de negociación para modernizar el mercado de trabajo, sino que su pretensión era derogar la reforma laboral anterior. Por tanto, la postura empresarial era forzosamente defensiva y creo que el resultado demuestra que no sólo no ha habido derogación, sino que tampoco ha habido grandes modificaciones. La nueva reforma laboral no moderniza nada e incluso da ligeros pasos atrás. La realidad es que el acuerdo da carta de naturaleza a la anterior reforma laboral, en sus aspectos más importantes, precisamente porque quienes pretendían derogarla ahora la asumen como propia.
Entonces ¿no hay vencedores ni vencidos?
Lo que hay es un consenso que ha sido muy difícil de alcanzar. Pero todo depende del punto de vista que se adopte. Si tenemos en cuenta que la negociación se inicia con la premisa del gobierno y de los sindicatos de derogar la reforma anterior, es evidente que esto no se ha conseguido y, por tanto, CEOE ha hecho un gran trabajo.
¿Eso es tanto como decir que los empresarios han triunfado?
Es tanto como decir que los empresarios se han mantenido firmes, no permitiendo que se cruzaran ciertas líneas rojas. No obstante, nuestro mercado laboral sigue siendo rígido y, lamentablemente, eso es una victoria para quienes consideran un logro limitar la capacidad de decisión de las empresas. Pero estos se olvidan de que la empresa necesita poder adaptarse a los ciclos económicos y que si se le veta esta posibilidad quiénes verdaderamente van a sufrir las consecuencias de las crisis económicas son los trabajadores y los desempleados.
La contratación temporal se ha limitado, pues desaparece el contrato de obra, de forma que la temporalidad máxima baja de cuatro años a uno.
Es cierto, pero con matices. Europa quería un cambio en la contratación temporal y por eso había poco margen para negociar. Ahora bien, este tipo de contrato fundamentalmente se utilizaba en el sector de la construcción y para este sector, ahora, se crea el contrato “fijo adscrito a obra”, que en esencia es lo mismo que el contrato de obra, pero incluyendo la palabra “fijo”. Por tanto, nos encontramos ante un mero cambio de nombre y ante un contrato que va a dar como resultado una mejora de la estadística de la temporalidad sólo por la inclusión de esa palabra.
El contrato eventual se limita a tres meses cuando las circunstancias de la producción sean previsibles y a un año cuando sean inesperadas.
Esto supone un ataque directo a la causalidad en la contratación y, por lo tanto, un perjuicio para las empresas que, con justa causa, precisen realizar contratos temporales dentro de unos plazos mayores. El gobierno y los sindicatos deberían plantearse seriamente que cuando existe una causa razonable para contratar temporalmente, por exigencias del mercado, no se debe limitar esa posibilidad. ¿Quién es el gobierno o los sindicatos para determinar las circunstancias del mercado?.
Pero es cierto que algo debía hacerse para limitar la contratación temporal irregular.
Para evitar la contratación irregular no hay que inventarse límites, lo que hay que hacer es conocer la realidad del mercado y establecer un control adecuado para sancionar a quienes hagan mal las cosas. Pero tiene gracia que la administración pública, dependiente del gobierno, arroje unas tasas de temporalidad que son manifiestamente abusivas, con interinos que tienen una media de más de 15 años encadenando contratos temporales y que gobierno y sindicatos se empeñen en establecer determinadas condiciones para el sector empresarial y no hagan exactamente lo mismo para el sector público. Esto me parece de una doble moral que es inaceptable.
El contrato fijo discontinuo sale fortalecido de esta negociación.
Como consecuencia de la limitación de la contratación temporal. Con este contrato el gobierno espera que se modifiquen las estadísticas de temporalidad y posiblemente lo consiga. Pero realmente aquí se juega con las palabras porque se trata de un contrato fijo-temporal, válido para determinadas fechas concretas en las que se llevan a cabo campañas cíclicas como, por ejemplo, las rebajas.
Los contratos de formación y prácticas también se han modificado ¿Qué valoración merece a los empresarios?
Los contratos formativos han caído en desuso porque las empresas no ven en ellos nada más que obstáculos y burocracia. No hemos sabido adaptar en España la Formación Profesional Dual porque este tipo de formación está diseñada por Europa para grandes empresas industriales y aquí las empresas son pequeñas y carecemos de industria. Lo que hemos hecho ha sido calificar a los contratos formativos como “contratos basura”. Estos contratos deberían volver a regularse como antes, incluso de la anterior reforma laboral, que fue la que los desnaturalizó. Si no hacemos esto seguiremos sin poder contar en nuestro país con la figura del aprendiz.
La prioridad del convenio sectorial en materia salarial ha sido también objeto de crítica por algunos sectores empresariales.
Sí, pero esa crítica tiene poco fundamento. Para empezar, los convenios de empresa suelen tener salarios bastante más elevados que los sectoriales, por lo que resulta difícil que las empresas con convenio propio resulten perjudicadas por esta medida. Pero es que, además, la reforma no ha alterado la posibilidad de las empresas de descolgarse del convenio sectorial en situaciones de crisis empresarial, por lo que, llegado el caso, la tabla salarial sectorial no resultaría de aplicación.
También ha habido críticas empresariales por la vigencia indefinida de los convenios colectivos.
Es lo que se conoce como ultraactividad de los convenios. Con esta medida se pretende que en la negociación colectiva una de las partes, la sindical, tenga una clara ventaja e incluso que pueda actuar con mala fe, porque si prevé que el nuevo convenio puede alterar las condiciones del anterior, a lo mejor demorar las negociaciones se convierte en una estrategia. Los convenios se deben negociar con seriedad y al margen de estrategias ventajistas.
Algo que no han conseguido el gobierno y los sindicatos es modificar el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores ¿Sigue intacto el poder del empresario en la modificación de las condiciones sustanciales del contrato de trabajo?
Este artículo permite eso al empresario en tiempos de crisis, adoptando sus propias decisiones, sin necesidad de una autorización previa de la autoridad laboral y sin verse obligado a contar con el “aval” de los sindicatos. Haber modificado este artículo habría sido una aberración porque se ha demostrado que gracias a él se ha evitado la destrucción de más empresas y empleos en las crisis de 2008 y de 2020-2021.
La forma de regular los ERTE por la nueva reforma laboral ¿cómo se valora por los empresarios?
La pandemia ha cambiado viejos modos de ver las cosas que no tienen sentido en los tiempos que vivimos. En este sentido, por fin, gobierno y sindicatos han dejado de ver los ERTE como un arma empresarial lesiva para considerarlos una herramienta imprescindible para mantener las empresas y el empleo cuando se produce una situación económica crítica.
¿Temen que en el trámite parlamentario se modifique el texto acordado por el gobierno, CEOE y sindicatos?
Estamos empezando a acostumbrarnos a que en España pueda pasar cualquier cosa, pero no parece lógico ni razonable que una reforma laboral consensuada por el gobierno y los agentes sociales sea modificada en el marco parlamentario. Ahora bien, todo depende de lo que pidan los grupos parlamentarios para dar su apoyo.
Algo que parece que ya han anunciado que van a pedir es que tenga prioridad el convenio colectivo regional sobre el nacional.
Desde mi punto de vista, no pasaría nada si se modificara lo acordado en ese sentido. Quienes piensan que esto sería algo negativo consideran que esto responde a postulados independentistas o que establecer condiciones laborales diferentes en distintos territorios del Estado vulneraría la unidad de mercado, pero debemos tener en cuenta que España tiene territorios que, en lo económico, son muy desiguales. Y lo vemos en el problema de la financiación autonómica. Creo que cuanto más próximo esté el convenio colectivo a la realidad económica de las empresas y los trabajadores de un territorio mejor les irá a unas y a otros.
¿Creen que la oposición o los socios del gobierno pueden solicitar otros cambios de mayor envergadura?
Es comprensible que la oposición se niegue a apoyarla porque considere que no se debía haber movido ni una coma y que los socios del gobierno no quieran apoyarla porque el compromiso era derogar la reforma laboral. De lo que no podrán abstraerse unos y otros, y eso tiene un gran valor, es de que esta reforma laboral ha sido consensuada por quienes son sus directos destinatarios, los empresarios y los trabajadores. Lo que sería lamentable es que se utilice el apoyo a la reforma como moneda de cambio para conseguir objetivos que nada tengan que ver con la regulación laboral.
