Con el aumento de tarifas de luz y gas y la baja de subsidios mediante la segmentación, el Gobierno quiere mostrar unidad interna ante el FMI. Pero se podría agravar la situación financiera de las empresas del sector.
El Gobierno anunció que se viene una suba de tarifas de luz y gas por hasta 20% en 2022.
Como en este año, el aumento quedará largamente por debajo de la inflación (y también de la evolución de los salarios) prevista, que va del 33% al 60% anual en las estimaciones más pesimistas.
La política tarifaria energética cuenta con el consenso de los principales sectores internos del Frente de Todos y, según importantes fuentes oficiales, también con el aval del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien definió la "pauta nacional" y en varias intervenciones criticó los subsidios "pro-ricos".
Con una segmentación que apunta a bajar los subsidios, el Gobierno manda dos mensajes en público: la intención de exhibir hacia afuera unidad y coordinación interna y la preparación del terreno para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el primer trimestre de 2022.
La bajada de línea del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner es que las tarifas no le resten poder adquisitivo a la población, de manera de apalancar la recuperación de la economía.
Sin embargo, la composición de la suba de tarifas extenderá los desequilibrios macroeconómicos y sectoriales.
Si la de enero o febrero es la única actualización del año, como confirman fuentes oficiales, parece difícil que en 2023, con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, se puedan resolver los problemas del sector.
La inflación acumuló más de 200% a partir de 2019 y más de 100% en los primeros dos años de esta gestión.
En este lapso, las empresas distribuidoras solamente tuvieron aumentos en sus ingresos de entre 20% y 25%.
Edenor y Edesur, las firmas que operan el servicio público de electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), contaron a partir de mayo de 2021 con un incremento en su Valor Agregado de la Distribución (VAD) regulado por el Gobierno de 20,9% y 21,8%, respectivamente.
Las fuentes de la Secretaría de Energía que hablaron esta semana con El Cronista no especificaron cómo estarán integradas las subas de tarifas para cada parte de la cadena (costo mayorista, transporte y distribución).
Pero el cálculo matemático arroja que para cumplir con el objetivo de que el 90% de la población tenga un tope de 20% de aumento, las compañías del sector deberán resignar otra vez márgenes de rentabilidad.
Uno de los puntos que tienen por resolver el Gobierno y las empresas es la deuda por $ 130.000 millones que hasta fines de 2020 tenían las distribuidoras con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
Como durante años las tarifas de distribución no alcanzaban para cubrir los costos (salarios, mantenimiento, inversiones), las compañías dejaron de pagar la energía en el segmento mayorista.
La pandemia agravó el cuadro, con usuarios que no podían abonar sus facturas o se demoraban, además del alto porcentaje de robo de energía en barrios cerrados y también vulnerables.
A través del Artículo 87 agregado al Presupuesto 2021, el Gobierno se propuso limpiar las deudas.
La Secretaría de Energía alcanzó acuerdos con distintos gobernadores provinciales, pero todavía le falta resolver el canje de deudas por inversiones con Edenor y Edesur.
En cuanto al segmento mayorista de las boletas, que es por donde se canalizan los subsidios, en el Frente de Todos confían que con la segmentación para los usuarios de mayor poder adquisitivo (500.000 en total, un 10% sobre el padrón de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano) alcanzará para reducir la ayuda del Estado y cumplir con lo que pide el FMI, de achicar el déficit fiscal.
Actualmente, el 60% de la tarifa en el AMBA está subsidiada. La segmentación se pondrá en marcha en las primeras semanas del año que está por comenzar.
Para aplicar adecuadamente la segmentación, se utilizará el parámetro de las valuaciones de las viviendas en las que se prestan los servicios.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) definirá "polígonos geográficos" en los que irá removiendo subvenciones.
Por ejemplo, en la Ciudad pagarán la tarifa plena los que vivan en propiedades donde el metro cuadrado (m2) supere los 3700 dólares, mientras que en el Gran Buenos Aires (GBA), dejarán de percibir la asistencia los barrios cerrados, la actividad financiera y el juego.
Según afirman oficialmente, "un departamento que hoy paga $ 500 de luz en un barrio de altos ingresos pasaría a $ 2500 mensuales, según proyecciones que manejan las distribuidoras".
Desdolarización de la energía: calculan ahorro de $ 75.000 millones
El transporte de energía (a través de Transener, Transportadora de Gas del Norte -TGN- y Transportadora del Sur -TGS-) verá descongelados sus ingresos después de tres años.
Con escasa incidencia en las facturas, podrán recomponer sus márgenes entre 40% y 55%, según información con la que cuentan en el sector privado.
Aguas arriba de la cadena eléctrica, en tanto, este año el Gobierno reconoció un ajuste en los ingresos de las generadoras por el equivalente en pesos a u$s 300 millones.
Fue debido a una resolución que pesificó y congeló la remuneración de la energía térmica e hidroeléctrica sin contrato vigente (centrales viejas y amortizadas, pero que explican una parte importante del EBITDA de empresas como AES, Enel, Pampa Energía y Central Puerto).
Próximamente, según pudo saber este medio, habrá una nueva negociación para mejorar los ingresos de estas empresas y que puedan invertir en el mantenimiento de sus plantas, necesarias para evitar apagones.
En suma, a la salida de la crisis de 2001 y el fin de la Convertibilidad, los desequilibrios en el sector de energía se acumularon durante dos décadas y terminaron por afectar a la macroeconomía en general.
Con las próximas medidas que anunció el Gobierno, la resolución de todos estos problemas seguirá parcialmente postergada.
