La Universidad de Sevilla aprobará el próximo lunes una declaración institucional en materia antifraude y de rechazo a la corrupción. El texto que será aprobado en el consejo de gobierno del próximo lunes al que ha tenido acceso ABC, pretende incidir en la lucha contra estos comportamientos y en que será radical en atajarlos denunciándolo ante el fiscal si es necesario. De hecho se insiste en proclamar «los estándares más elevados del cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida como una Institución que se opone con firmeza a cualquier manifestación que pueda relacionarse con el fraude y la corrupción, así como a los conflictos de intereses en cualquiera de sus formas«.
El texto recalca que los empleados públicos deben desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y actuar con arreglo a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.
«El objetivo es promover una cultura que desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección, promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para su control«, dice la declaración que llega además poco después de que ABC publicara los contratos a dedo del ministro Castells a tres profesores de la facultad de Económicas de la Hispalense que hicieron un informe que cuestiona a las revistas más prestigiosas del mundo y penaliza a los investigadores por publicar en ellas en un contrato sin concurso público ni publicidad.
Control interno
En la declaración se recuerda además que la Universidad de Sevilla cuenta con una estructura jerárquica y un adecuado sistema de control interno dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad y garantizar, en su caso, la debida diligencia en la implementación de medidas correctoras.
Dispone también de sistemas que registran y almacenan la información precisa de cada operación para garantizar su fiabilidad y regularidad en relación con el gasto y la inversión, y de un Sistema de Control Interno de la Información Financiera alineado con los procesos estratégicos, operacionales y de gestión de la Institución.
«La Universidad de Sevilla tiene una política de tolerancia cero frente al fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, y dispone de sistemas de control interno para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su impacto, en caso de producirse, contando adicionalmente con procedimientos internos para denunciar aquellas irregularidades o sospechas de fraude que pudieran detectarse, a través de un canal de denuncias accesible públicamente desde la página web de la Universidad de Sevilla«, dice.
Además se compromete a elaborar un «Plan de medidas antifraude» estructurado en torno a los cuatro elementos clave del denominado «ciclo antifraude»: prevención, detección, corrección y persecución. Y cuando se haya detectado algún caso o haya cambios significativos en los procedimientos o en el personal definirá medidas preventivas adecuadas y proporcionadas, ajustadas a las situaciones concretas, para reducir el riesgo residual de fraude a un nivel aceptable.
Además cuando se detecte un caso sospechoso se establecerán procesos adecuados para su seguimiento y la correspondiente recuperación de los Fondos de la UE gastados fraudulentamente.
Además la Universidad de Sevilla asegura redactará un Código Ético de Conducta con un plan de medidas antifraude sobre los recursos públicos que gestione. En el caso de que fraude anuncia que suspenderá inmediatamente el procedimiento, notificando tal circunstancia a las autoridades interesadas y a los organismos implicados en la realización de las actuaciones y revisando todos aquellos proyectos, subproyectos o líneas de acción que hayan podido estar expuestos al mismo. e incluso denunciará los hechos a las autoridades públicas competentes, al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude –SNCA-, para su valoración y eventual comunicación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude;
Igualmente anuncia que iniciará una información reservada para depurar responsabilidades o incoar un expediente disciplinario y denunciará los hechos ante el Ministerio Fiscal, cuando fuera procedente.
