Asumiendo que el máximo tribunal impugnaría con un fallo la actual composición, el Ejecutivo decidió avanzar en una reforma que incrementa la participación de jueces y abogados en el organismo que selecciona y enjuicia magistrados, y administra los fondos del Poder Judicial.
Anticipándose a un esperado revés de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno decidió adelantarse y enviar al Congreso un proyecto de ley tendiente a modificar la composición del Consejo de la Magistratura, de manera de evitar que el máximo tribunal revoque totalmente la última modificación hecha al cuerpo a instancias del Poder Ejecutivo, cuando estaba en el poder Cristina Fernández de Kirchner.
La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, anunció el envío en las próximas horas de un proyecto que ingresará por el Senado de la Nación y que, según detalló, cuenta con el aval de las figuras que integran el Consejo Consultivo para la reforma del Poder Judicial, creado a instancias del presidente Alberto Fernández.
Cerruti precisó que este proyecto aspira a tener "una representación más equilibrada" que favorezca a "recuperar la confianza de la sociedad en la Justicia", y anunció que el ministro de Justicia, Martín Soria, visitará a los supremos este martes, como parte de una agenda previamente pautada.
A la fecha, el órgano judicial encargado de proponer la designación de jueces, establecer sanciones o destituir magistrados, y manejar los recursos económicos del Poder Judicial, se compone de 18 miembros, que trabajan bajo la presidencia del abogado Diego Molea, en representación del estamento académico.
La actual composición es resultado de un fallo que impugnó la última modificación, efectuada en 2013, cuando se propuso que haya 19 miembros, siendo sus integrantes seis legisladores, seis representantes del ámbito académico, tres jueces del Poder Judicial, tres representantes de los abogados con matrícula federal, y un representante del Poder Ejecutivo.
Así las cosas, el Gobierno propuso que el Consejo de la Magistratura quede integrado por 17 miembros, con cuatro magistrados del Poder Judicial, seis legisladores o representantes del Poder Legislativo, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo, y dos representantes del ámbito académico y científico.
La portavoz oficial descartó que la urgencia de enviar este proyecto entre la catarata de asuntos de gravedad que deberá tratar el Congreso en diciembre se deba a los trascendidos periodísticos que indicaban un inminente pronunciamiento del tribunal sobre el asunto. A su vez, Cerruti dejó entrever la molestia oficial por la presunta filtración de un fallo a la prensa.
