Esa opacidad fue el motivo de que la audiencia que se iba a celebrar el 3 de diciembre pasado por el colapso de la Línea 12, se aplazara para hasta marzo de 2022, dijo el litigante.
Víctimas de la Línea 12 acusaron la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México no se ha reunido con la autoridad para llegar a un acuerdo reparatorio y se les niega conocer las condiciones del acuerdo al que llegó con CICSA y Grupo Carso, acusó Cristopher Estupiñan, abogado de 20 afectados.
”La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México miente” dijo el litigante mediante un comunicado emitido este lunes.
Advirtió que esa opacidad fue el motivo de que la audiencia que se iba a celebrar el viernes 3 de diciembre pasado por el colapso de la Línea 12 se aplazara para el 7 de marzo de 2022.
“Se aplazó debido al desconocimiento total por parte de las víctimas y sus defensas legales sobre los términos del convenio de reparación que el Gobierno firmó con CICSA y el Grupo Carso”, agregó.
Recordó que, posterior a la audiencia, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía dijo que han mantenido reuniones con víctimas directas e indirectas (heridos y núcleos familiares) para llegar a un acuerdo reparatorio.
“Esto es totalmente falso, en el caso de las 20 familias que mi despacho asesora y representa legalmente”, aseguró Estupiñan.”Ninguno de los asesorados ha recibido ninguna propuesta de reunión ni información sobre el convenio en cuestión. Se trata de una mentira malintencionada para imponer su voluntad sobre las familias afectadas”, agregó.
Explicó que en el mismo mensaje de la Fiscalía se indica la necesidad de mantener como confidencial el acuerdo entre las partes, cosa que también es falsa, ya que la orden judicial ordena justamente lo contrario: su exhibición con las partes implicadas en el caso como la carpeta de investigación.
“Es inaceptable que el gobierno de la Ciudad de México firme convenios de reparación de daños en los que se reconoce la participación de las empresas en el colapso del tramo, pero luego no le dan la cara a las víctimas, permitiendo que las empresas queden sin consecuencias”, enfatizó el abogado.
En este sentido, exigió transparencia en el uso de los recursos, y que la Fiscalía haga su trabajo y deje de mentir respecto a su relación y atención que da a cada víctima del lamentable suceso en el que no se puede eximir de responsabilidad ni a funcionarios ni a las empresas a cargo de la construcción.
“Estos 800 millones de pesos del convenio debe saberse cómo van a usarse. Sobre todo, porque esta tragedia deriva de la corrupción, negligencia y falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. Es necesario que haya transparencia para que no se vuelva a repetir algo así. Exigimos transparencia y no cesaremos hasta lograr justicia”, concluyó.
