La zona fronteriza, de unos tres kilómetros de ancho, permanecerá cerrada y en estado de emergencia, lo que significa que seguirá prohibido el acceso a no residentes, incluidos periodistas y ONGs. El parlamento polaco, en el que cuentan con la mayoría necesaria los nacionalistas de Ley y Justicia (PiS), ha rechazado finalmente las enmiendas propuestas por el Senado, dispuesto a dejar entrar a la prensa, aunque el viceministro de Interior Blazej Pobozy ha anunciado que los periodistas sí podrán acceder en grupos guiados y vigilados por la guardia fronteriza.
Este estado de emergencia, que afecta a 187 municipios y en vigor desde el 2 de septiembre, puede en principio prolongarse solamente durante tres meses, pero los diputados han alegado el carácter excepcional que se vive en la frontera, donde todavía cientos de inmigrantes ilegales realizan intentos nocturnos de cruzar de forma clandestina desde Bielorrusia.
El Ministerio de Defensa polaco acusó ayer a Bielorrusia de disparar contra las torres de iluminación en las afueras de Terespol para facilitar los cruces. «Han sido destruidas por disparos de armas realizados desde territorio bielorruso», ha publicado a través de Twitter el ministro Mariusz Blaszczak, tras anunciar la citación al agregado de Bielorrusia para pedir explicaciones. Su número dos en el Ministerio, Wojciech Skurkiewicz, se ha quejado de que todo el tiempo, los agentes de policía y soldados son apedreados».
La Comisión Europea propuso ayer permitir a Polonia, Letonia y Lituania suspender durante seis meses la normativa de asilo, o al menos ciertas disposiciones de la misma, de manera que pudiesen extender el periodo de registro de solicitantes de asilo a cuatro semanas en lugar del máximo de diez días actual.
Basándose en el artículo 78.3 del Tratado de Funcionamiento de la UE, permitiría ampliar a 16 semanas el plazo para examinar cada demanda, incluida la apelación, un espacio de tiempo en el que los solicitantes deben permanecer en los centros fronterizos de acogida. También someterán al acuerdo de los países miembros el establecimiento de procedimientos rápidos y simplificados para los migrantes que regresen a sus países voluntariamente y de aquellos cuya petición haya sido rechazada.
