El Gobierno aprueba este martes la Ley de Vivienda, un paquete de medidas global, que tiene como uno de sus principales objetivos regular los precios del alquiler en las zonas con mayor presión sobre las rentas y que ha llevado meses de negociación entre los socios de Gobierno.
Un pacto entre PSOE y Unidas Podemos que también deja aspectos fuera de la ley, que tendrán que regularse por vías paralelas. Uno de ellos es el Consejo Asesor de Vivienda, un órgano de nueva regulación en el que estarían las partes interesadas y la propia Administración.
Se trata, según el borrador al que ha tenido acceso este medio, de un "un órgano consultivo para las políticas estatales de vivienda que deberá ser objeto de desarrollo reglamentario". Un paso posterior, por definir, en el que "se establecerá su composición, atribuciones y funcionamiento".
Pero sus intenciones sí se conocen, porque el Consejo "asegurará la participación de los distintos agentes sociales en la elaboración y desarrollo de la política de vivienda".
Será un "órgano colegiado, de carácter técnico, asesor y consultivo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en materia de programación estatal de la política de vivienda", que echará a andar cuando la ley ya esté en marcha.
En cuanto a su composición, la deja abierta, tanto desde el punto de vista de los poderes públicos como de sus interesados. "Podrá estar integrado por representantes de los distintos departamentos ministeriales con competencias relacionadas con la vivienda, de asociaciones empresariales, de asociaciones y colegios profesionales, de entidades financieras, de asociaciones del tercer sector y de asociaciones representativas de intereses afectados por la ley". De esta forma, podrían estar tanto los bancos y grandes tenedores de pisos como representantes de asociaciones de inquilinos.
"También podrán formar parte del Consejo distintos profesionales expertos en materia de vivienda, así como del ámbito universitario y de la investigación", refleja el borrador sellado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el de Derechos Social y Agenda 2030.
Uno de los aspectos que han conllevado negociaciones entre los dos socios de Gobierno es el de los grandes tenedores de vivienda. Estos, finalmente, según el borrador, serán tanto personas físicas como jurídicas que sean titulares de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2, también, de uso residencial, pero excluyendo garajes y trasteros.
No es un concepto nuevo, porque esa definición de gran tenedor ya estaba en el Real Decreto aprobado en marzo de 2020 que incluía medidas urgentes para hacer frente al COVID-19, para aprobar una moratoria en el pago de los alquileres.
En cambio, las medidas para mitigar los precios del alquiler en áreas tensionadas solo serán aplicables a los grandes tenedores que sean personas jurídicas. Una declaración de zona tensionada que queda en manos de las comunidades autónomas.
Estas sociedades, grandes tenedoras, limitarán la renta de los nuevos contratos al contrato anterior. Es decir, no subirán los precios, o aplicarán el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia.
Pero de momento, como ya adelantó el Gobierno hace unas semanas, no hay sistema para fijar esos precios, sino que se establece un período de 18 meses desde la aprobación de la ley para definirlo.
Este lunes, el Sindicat de Llogateres se ha pronunciado en contra de la redacción actual de la ley, por ejemplo, por incluir una reducción de impuestos a los arrendadores, de entre el 60% y el 90% si hay una bajada de precios en los alquileres del 5%, para los inmuebles que estén en zonas tensionadas.
