Espejel, la juez recusada en Gürtel por su cercanía al PP que salta al Constitucional

De María Concepción Espejel (Madrid, septiembre de 1959), no se dice que sea una jueza conservadora sólo porque esté afiliada a la Asociación Profesional de la Magistratura. En el año 2015 había sido designada presidenta del tribunal que iba a enjuiciar el caso Gürtel y cuando una de las partes pidió que la apartasen, la Fiscalía Anticorrupción apoyó la petición. Al fin y al cabo, hizo carrera como vocal en el CGPJ con el empuje del Partido Popular desde 2008 hasta 2013.


Recusada media docena de veces en relación a ese asunto, su carrera no obstante es mucho más que eso. Comenzó su andadura a principios de los ochenta en Vinaroz (Castellón), después pasó por Tarragona y Bilbao, hasta que en 1993 llegó a presidenta de Sección en la Audiencia Provincial de Tarragona. De ahí, a la Provincial de Segovia y después, la de Guadalajara, que llegó a presidir.



El gran salto llegaría en 2012, cuando fue nombrada por la Comisión Permanente del CGPJ como presidenta de la sección Segunda de la Audiencia Nacional. En 2017 fue, gracias a la mayoría conservadora, la designada para sustituir a Fernando Grande-Marlaska en la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, puesto en el que permanece a día de hoy.


Afable, cercana y de risa contagiosa, en los pasillos de los juzgados le dicen Concha. Cuenta en su haber con gran número de sentencias de las llamadas mediáticas, en algunos casos, con decisiones que han generado abiertas polémicas.


Destacable es el caso del mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero, sentado en el banquillo por una acusación de rebelión que acabó mutando en sedición y que fue finalmente absuelto. Espejel presidía el tribunal y se acabó separando de la sentencia mayoritaria. Emitió un voto particular a la sentencia, que la Fiscalía asumió sin recurrir, en el que argumentaba que Trapero debió ser condenado.


Es también célebre su ponencia en la primera sentencia por la que la Audiencia Nacional condenó a la dirigente etarra Maritxol Iparraguirre, Anboto, por el asesinato del militar Luciano Cortizo. Dedicó 158 páginas a sustentar una condena que después ratificaría punto por punto el Tribunal Supremo.


La abogada de la AVT que llevó este asunto, Carmen Ladrón de Guevara, lamentaba en Twitter su salto al Constitucional: «Malas noticias. Se llevan de la Audiencia Nacional al principal dique frente a la nueva política penitenciaria y al paripé de las cartas de falso arrepentimiento de los etarras».


El caso Alsasua, donde intentaron recusarla por haber sido condecorada por la Guardia Civil y donde finalmente no condenó por terrorismo aunque impuso penas que luego rebajó la Sala de Apelación; el del rapero Valtonyc o el de Hásel han pasado por sus manos. Este último llegó a pedir la absolución por la misma vinculación de Espejel con el PP que sustentó las recusaciones de Gürtel. No tuvo éxito.