El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española desde 2017, ha sido detenido esta noche en Cerdeña por las autoridades italianas, que han informado al Tribunal Supremo hace apenas unos minutos, según ha podido confirmar ABC de fuentes del alto tribunal. La detención es fruto de la orden de busca y captura dictada por el juez Pablo Llarena y que se encontraba activa.
Fuentes del Alto Tribunal señalaron que el procesado, en busca y captura desde el 29 de octubre de 2017, tendrá que regularizar su situación a partir de lo que especificado en las euroórdenes. Las fuentes antes citadas reconocen que la operación ha sido muy rápida y a estas horas apenas se conocen detalles de la misma.
El pasado 30 de julio el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) retiró la inmunidad parlamentaria al ‘expresident’ y a los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí. Un mes antes el mismo tribunal les había concedido temporalmente la protección demandada hasta que resolviera sobre el recurso que los tres eurodiputados presentaron contra la decisión del Parlamento Europeo de aceptar el suplicatorio que solicitó el Tribunal Supremo.
Desde que Puigdemont huyó de España en octubre de 2017, tras proclamar la independencia de Cataluña y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la Justicia no ha dejado de insistir en que responda de sus actos, de la misma manera que lo hicieron sus correligionarios del ‘procés’, juzgados por el Tribunal Supremo.
Establecido en Bélgica desde la fallida declaración de independencia de octubre de 2017, y elegido eurodiputado tras las últimas elecciones europeas, Puigdemont se ha convertido en referente del independentismo unilateralista. Líder de Junts, partido que se reivindica heredero de Convergència Democràtica, el papel de Carles Puigdemont ha ido perdiendo brillo en los últimos años, con episodios oscuros que le han convertido incluso en una figura incómoda para los partidos europeos que le han apoyado.
El episodio más reciente, la conexión rusa, una trama en la que figuras de su entorno más directo habrían establecido nexos con el espionaje ruso, en una comunión de intereses, ahora bajo investigación judicial, entre el separatismo catalán y los intento del Gobierno de Vladímir Putin para desestabilizar Europa.
El Ejecutivo ha señalado que el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont «debe someterse a la acción de la Justicia, exactamente igual que cualquier otro ciudadano» y ha apuntado que la detención en Cerdeña obedece «a un procedimiento judicial» que está en curso.
Moncloa ha manifestado su respeto por «las decisiones de las autoridades italianas» como -ha asegurado- que ya lo hizo cuando «los tribunales españoles y europeos» dictaron «resoluciones en los procedimientos judiciales que afectan» al expresidente catalán.
«La detención de Puigdemont obedece a un procedimiento judicial en curso que aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que debe responder de sus actos ante los tribunales», ha asegurado Moncloa.
A los pocos minutos de conocerse la noticia se empezaron a suceder las reacciones desde instancias políticas. Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, aseguró que «a la espera de conocer los detalles, la detención de Carles Puigdemont es una buena noticia para todos los demócratas. Espero que pueda ser trasladado a España y responder por sus acciones. Nadie debe tener impunidad ni estar por encima de la ley».
Por su parte, el portavoz de Vox, Jorge Buxadé lo celebró en esa misma red social con la etiqueta ‘Puigdemontaprisión’.
