El Tribunal Constitucional ha decidido aplazar hasta octubre el debate sobre la legalidad del segundo real decreto de estado de alarma que el Gobierno aprobó en noviembre de 2020. El presidente del alto tribunal, Juan José González Rivas, ha convencido al resto de colegas de que lo mejor es terminar de despachar los asuntos que quedaron pendientes antes de verano cuando se anuló el último pleno por las diferencias entre los magistrados, según confirman fuentes del Constitucional a Confidencial Digital.
Los 11 juristas se reunirán una sola vez de manera presencial este mes, la semana del 14 de septiembre, para revisar temas como la condena a la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa o las devoluciones de las cláusulas suelo. La idea inicial era que en el orden del día también estuviera la ponencia del magistrado Antonio Narváez sobre estado de alarma que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó con una vigencia de 6 meses. Pero finalmente no será así.
Esta sentencia tiene una gran trascendencia, algo que a ningún magistrado se le escapa por lo que el debate entre los juristas se espera arduo nuevamente. Antes de verano, el Tribunal vivió uno de los momentos más tensos que sus actuales componentes recuerdan, a raíz de la fractura por la primera sentencia sobre el estado de alarma.
El magistrado Cándido Conde-Pumpido fue uno de los que no estaba de acuerdo con la pequeña mayoría del Constitucional que consideró que el Gobierno debió limitar los derechos en el marco de un estado de excepción. Un borrador de su voto particular se hizo público antes de tiempo y esto desató el malestar de varios miembros del tribunal de garantías.
Tal fue la incomodidad interna, que se desconvocó la última reunión prevista para el 20 de julio. Los magistrados que se sintieron agraviados por las palabras de Conde-Pumpido en su voto particular inicial -les calificaba de “juristas de salón” y “lego”- exigieron las disculpas del que fuera Fiscal General del Estado. Y así lo hizo este en una nota que se emitió desde el propio Tribunal.
Precisamente, todo lo que quedó pendiente en ese pleno será lo que ahora recuperen los magistrados en septiembre, y ya en octubre, mes en el que está previsto que se reúnan dos veces, se planteará la cuestión del segundo Estado de Alarma. Las fuentes consultadas indican que las fricciones entre los magistrados ya están “superadas” y que todos llegan con ánimos “renovados”, pero apuntan que un asunto tan relevante para la ciudadanía necesita un debate despejado y reposado.
El magistrado Antonio Narváez ya tiene terminados los detalles de la segunda sentencia, según fuentes del Tribunal, que puede suponer un nuevo varapalo para el Gobierno y su gestión jurídica de las medidas contra el Covid-19. Una vez declarado inconstitucional el primer estado de alarma, ahora se revisarán cuatro aspectos importantes sobre el segundo.
En primer lugar, si es posible aprobar un real decreto con una vigencia de seis meses de una sola tacada. En segundo lugar, decidir si el régimen de cogobernanza que acordó el Gobierno con las Comunidades Autónomas entra en el marco de la Carta Magna. La tercera pata, trata de establecer los parámetros de la rendición de cuentas que el Gobierno debe dar en el Congreso; y, por último, determinar la legalidad de las medidas concretas de los artículos del 5 al 9 del real decreto sobre las limitaciones de circulación de las personas en horario nocturno, la entrada y salida de las comunidades autónomas, la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados y en lugares de culto.
Los magistrados están todavía a la espera de recibir el borrador de la sentencia, sobre el que empezarán a preparar sus alegaciones e intervenciones para el día del debate.
Además de todo esto, el tribunal de garantías tiene abundante trabajo pendiente para este nuevo año judicial que se inaugura oficialmente el próximo 6 de septiembre. En el cajón mantiene desde hace más de 11 años el recurso contra la ley del Aborto.
En un principio, la intención de una parte de los magistrados era esperar a la renovación en la que al propio ponente de esta sentencia, Andrés Ollero, le toca salir para así tratar de que un nuevo magistrado entrante redacte una sentencia de consenso, tal y como contó este digital. Sin embargo, ante la falta de pacto entre PP y PSOE para la renovación de las instituciones, algunas fuentes del alto tribunal hablan de reavivar el debate sobre el aborto en este nuevo curso judicial, según publicó El País.
Por otro lado, está pendiente dirimir el recurso del Gobierno contra varios preceptos de la ley foral de Navarra por invadir competencias exclusivas del Estado; así como el recurso de inconstitucionalidad que el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú. En Marea presentaron contra el decreto ley para la devolución de las cláusulas suelos indebidas.
Más recientemente, ha caído sobre la mesa de los magistrados recursos tanto de Vox como del PP a la Ley de Eutanasia aprobada por el Congreso de los Diputados en marzo de este año.
