Con gran diligencia, el Ayuntamiento de Madrid sigue reponiendo nombres de calles vinculadas con los hitos y glorias del bando nacional en el golpe de Estado, la Guerra Civil y la represión posterior, en respuesta a sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el Consistorio ha decidido no recurrir. Si el martes recuperó el honor el general José Millán-Astray, fundador de la legión, jaleador tempranero del golpe y propagandista oficial de sus virtudes, el jueves volvió a Vallecas el crucero Baleares, tristemente conocido por arrojar metralla sobre unos 10.000 civiles que huían de Málaga por carretera en la desbandá de 1937. En los próximos días volverán a lucir triunfales los nombres de los hermanos García-Noblejas, los caídos de la División Azul —las placas de esta calle nunca llegaron a desaparecer—, El Algabeño y Cirilo Martín. Este es un repaso de la historia y las motivaciones de las resoluciones.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) mandó restituir las calles confirmando sentencias de primera instancia que atacaban la falta de motivación de las conclusiones del Comisionado de la Memoria Histórica, el órgano consultivo creado por el Ayuntamiento cuando Manuel Carmena era alcaldesa integrado por historiadores y expertos y que propuso los cambios de nomenclatura. En su informe, el Comisionado realizaba una pequeña reseña bibliográfica de los homenajeados y su trayectoria, de apenas un párrafo en muchos casos. Esto ha resultado clave para la anulación; pues las sentencias consideran que las referencias son demasiado escuetas y por sí solas no prueban que a los señalados se les dedicasen calles por “exaltar” el golpe de Estado, la guerra o la represión.
Sobre el fundador de la Legión, los magistrados del TSJM afirman que ya tenía una plaza antes de 1936, en reconocimiento a su papel en la guerra de Filipinas y a la propia creación de este cuerpo militar. También, que estaba en Argentina el 18 de julio del 36, así que no podía participar del alzamiento. Y aunque sus discursos sanguinarios sí pudieron existir, “no constan en el expediente”. Si realmente le espetó a Miguel de Unamuno “Viva la muerte, muera la inteligencia” tampoco es importante, pues “no guarda relación con la exaltación de los tres hitos [sublevación, golpe, represión]” a los que se refiere la ley de memoria histórica, en opinión del tribunal.
El comisionado debió de entender que unas líneas bastaban para zanjar la cuestión sobre el crucero nacional Baleares, tal y como consta en el expediente administrativo, que recoge de manera escueta que fue un “barco que formó parte de la Armada franquista durante la Guerra Civil y bombardeó a civiles”, que “fue hundido por la flota republicana en la batalla del Cabo de Palos, en marzo de 1938” y que “en esa ocasión perecieron casi 800 personas que, presumiblemente, eran españoles de ambos bandos". No hay menciones en su informe a la carnicería de la llamada desbandá de las miles de personas que huyeron del avance fascista por la carretera de Málaga a Almería en 1937 y sobre las que este buque arrojó metralla.
En consecuencia, los jueces despachan la cuestión con naturalidad y señalan que no consta por qué se le puso el nombre en su día, así que no cabría hablar de exaltación, ni de memoria histórica. Como la propia comisión señalaba que hay desconocimiento popular, hoy en día, sobre el papel histórico del buque, “se pone de relieve […] la falta de concurrencia del elemento subjetivo de la exaltación”.
“Tres hermanos falangistas y uno carlista. Se sumaron activamente a la sublevación militar de 1936”, justificaba el Comisionado. Tampoco esa definición bastó al tribunal para desestimar la petición de que se repusiera su nombre en la calle que traza el límite entre los distritos de San Blas-Canillejas y Ciudad Lineal. “No consta cuál pudo ser la concreta intervención o participación de trascendencia de alguno o algunos de los hermanos”, despeja el tribunal, que interpreta que ser fascista “no es por sí solo” motivo para que le quiten a alguien una calle en aplicación de la ley de memoria histórica. El Comisionado también refería que dos de los hermanos se habían apuntado a la División Azul. Pero como la División Azul también es neutra en lo que a memoria histórica se refiere, según el tribunal, no cabe apelar a esta circunstancia.
Esta calle no llegó a cambiar las placas, que seguían fijas dos años después de la modificación oficial, para confusión de porteros de edificios y repartidores varios. “Considera la Sala de una claridad meridiana que la denominación de "Caídos de la División Azul" a la calle que revisamos no tiene connotación alguna de exaltación de los enfrentados, y sí, por el contrario, de recuerdo a los fallecidos que se integraron en dicha unidad”, resuelve el TSJM. No importa que el contingente estuviese “enmarcado en la Alemania nazi”, como refería el Comisionado en su informe y aceptan los jueces, sino si ese hecho supone “exaltación”. A sus señorías no se lo pareció.
“José García Carranza, apodado Pepe el Algabeño, torero y terrateniente andaluz. En julio de 1931 estuvo involucrado en la muerte de cuatro obreros en el Parque de María Luisa de Sevilla y prestó voluntaria colaboración en la sangrienta limpieza política de los barrios populares de Sevilla por Queipo de Llano al inicio de la Guerra Civil", relataba el Comisionado de la Memoria Histórica. Tampoco fue suficiente esta descripción para los jueces. Como hay cinco años entre las muertes de Sevilla y el 18 de julio, no hay exaltación posible de la Guerra Civil, dice la sentencia.
Además, no está claro si el homenajeado aquí es José García padre o hijo, porque a los dos se les conocía como “El Algabeño”, apuntan los jueces. También recuerdan que el nombre de la calle es de 1979, en un área en el que la promotora propuso nombres de toreros para las calles. Durante el procedimiento, el experto de la comisión argumentó que la duda aconseja no mantener el nombre, pero los magistrados opinaron lo contrario: “Estas consideraciones […] convierten el acto administrativo en plenamente inmotivado”.
La principal peculiaridad de este caso es que Cirilo Martín no tenía calle hasta 2015. El PP se la concedió entonces, a instancias de sus descendientes, por haber sido alcalde del ahora barrio de Aravaca cuando aún era un municipio independiente. Solo después trascendió que “colaboró en la represión de la dictadura tras la guerra, mediante la denuncia de personas concretas de ideología izquierdista que posteriormente fueron represaliadas”, como argumentaba el Comisionado. Pero los jueces consideran que esto no está probado, que en 1931 Martín fue alcalde por voto popular y que hay documentación de la que “se infiere su adhesión a la causa republicana” de ese primer año de democracia, pronto truncada.
