"Nadie los ha visto. No sabemos cómo están", dice Héctor Mairena a elDiario.es sobre las condiciones de los más de 30 opositores detenidos en los últimos meses en Nicaragua. Mairena es miembro de la mesa nacional de Unamos, un partido que nació a mediados de los 90 como una escisión del sandinismo y que suma más de media docena de dirigentes de su espacio político privados de libertad.
"Nosotros los definimos como secuestrados y desaparecidos porque, exceptuando el caso de Cristiana Chamarro, María Fernanda Alemán y Berenice Quezada que han sido detenidas en sus casas, no sabemos nada del resto", denuncia Mairena.
Los principales candidatos opositores no podrán competir en las elecciones el 7 de noviembre que definirán al próximo presidente y vicepresidente además de los 90 diputados nacionales. La mayor parte de ellos están detenidos, exiliados o inhabilitados.
Existe una diferencia entre los detenidos: unos tienen prisión domiciliaria y otros son llevados a centros de detención. Los arrestos domiciliarios, por lo general, se respaldan en medidas cautelares cuando ya existe acusación. Eso se aplica para los casos de Cristiana Chamorro y Berenice Quezada, pero en la mayoría de los casos se encuentran en una instancia previa, por eso no pueden permanecer en sus hogares.
Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca Más, coincide con Mairena. "Desde que fueron privados de su libertad ilegalmente e inconstitucionalmente, sin orden de captura y sin quedar claro cuál es el delito por el que se los acusa, no sabemos dónde están. No sabemos si están vivos, si están muertos, si están enfermos. No sabemos nada de ellos", explica a este medio.
A los dirigentes de la oposición se suma la detención del gerente del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro. El gerente del diario más antiguo de Nicaragua está acusado del delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales. El día anterior, el medio había denunciado el ingreso de la Policía Nacional a su redacción.
Los defensores de derechos humanos en Nicaragua denuncian que no hay ningún respeto al debido proceso en las investigaciones judiciales. En todos los casos han sido capturados sin una orden judicial, un modo de accionar que va en contra de cualquier ley nacional e internacional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó, en su último comunicado, el conjunto de acciones que desde los poderes públicos se vienen desplegando con el objetivo de impedir la participación de la oposición en las elecciones.
Si bien mucho se habla de los arrestos poco se conocen las condiciones una vez detenidos. "En casi la totalidad de los casos se desconoce el estado físico y psicológico de los presos", denuncia el exfiscal regional del Ministerio Público de Nicaragua, Boanerge Fornos, a elDiario.es.
Una vez que quedan detenidos recién ahí es cuando el Ministerio Público emite un comunicado donde, en la mayoría de los casos, aclaran que están acusados de "traición a la Patria" por violar la Ley 1055, llamada "Ley de Defensa de la Soberanía" por el Gobierno.
En enero, el presidente ordenó una reforma del Código Penal que cambió las reglas del juego. Si antes las normas establecían que la Policía podía detener a un sospechoso solo por 48 horas antes de pasarlo al juez de la causa, en enero de 2021 eso cambió. El nuevo Código habilitó hasta 90 días antes de que haya acusación formal.
Human Rights Watch sostiene que todo esto ha sido posible gracias a nuevas leyes represivas que violan las garantías al debido proceso del derecho internacional de los derechos humanos y que están siendo utilizadas para dar una apariencia de legalidad a detenciones arbitrarias.
"Se presume que las personas detenidas arbitrariamente se encuentran en las instalaciones de Auxilio Judicial Nacional de la Policía, pero ante la falta de comunicación con sus abogados y sus familiares, decimos que están desaparecidos. El Estado de Nicaragua está obligado a demostrar dónde se encuentran detenidos y si están en buen estado de salud física y psicológica", explica el exfiscal nicaragüense.
La mayoría de los detenidos no tiene acceso a un abogado. Y en el caso de tenerlos, se les impide tener una comunicación libre, regular y en privado con sus defensores, según denuncian los entrevistados.
Pero además, las audiencias judiciales son a puerta cerrada. Nadie sabe qué pasa ahí dentro e incluso hay quienes dudan si efectivamente existen. Es por eso que desde del amplio arco opositor denuncian la violación al derecho a audiencias orales y públicas.
También denuncian que el poder Judicial oculta información sobre el proceso. "Lo que vulnera el debido proceso y deja desprotegidas a las personas acusadas e investigadas", explica Boanerge Fornos.
Todo esto constituye una violación al debido proceso que permite que los detenidos queden desvinculados de sus familiares y no tengan acceso a la defensa. "El Gobierno de Daniel Ortega ha venido usando métodos de guerra contra una resistencia cívica", sintetiza Gonzalo Carrión.
