Una vez desplegada la estrategia de control de la política interna, el Gobierno de Daniel Ortega endurece su posición frente a la comunidad internacional. El presidente de Nicaragua ha comenzado a responder con dureza a los gobiernos que han llamado a consulta a sus embajadores después de la oleada de detenciones a dirigentes opositores y periodistas que empezó en junio.
Es el caso de España. En una nueva nota dirigida al Ministerio de Exteriores español, la Cancillería de Nicaragua ratifica que "exige a España que cumpla con sus propios compromisos internacionales, sobre todo alrededor de tantos crímenes, ni reconocidos, ni investigados, y todavía sin justicia para las víctimas".
La crisis diplomática entre España y Nicaragua se agravó este miércoles, cuando el Gobierno español llamó a consultas a su embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, como respuesta a las "graves e infundadas acusaciones" de la Cancillería nicaragüense contra España y sus instituciones.
"No nos corresponde analizar la profunda crisis política, democrática, económica y social que vive esa nada perfecta España, denunciada por todos los sectores de ese pueblo amigo. Sin embargo, en vista de su reiterada intromisión en asuntos nuestros, de inauditas pretensiones coloniales a 200 años de independencia, ratificamos y ampliamos lo dicho ayer", continuó Managua.
El Gobierno de Daniel Ortega exigió "cumplir con todas sus obligaciones en términos de Derechos Humanos y Democracia, en un marco legal no represivo, que garantice los procesos sociales, políticos, electorales y ciudadanos, en esa España que luce tan arrogante, jactanciosa y falsa".
En la nota, el Ejecutivo nicaragüense pidió a España cumplir, "igualmente, con los protocolos de Derechos Humanos, incluyendo asumir y resarcir por el tan denunciado terrorismo de Estado que les manchó para siempre; que garanticen la libre expresión y participación política de todos sus ciudadanos, conforme sus propias voluntades y creencias".
"El día llegará en que sus rabiosas, ridículas, altisonantes y falaces voces, darán lugar a otras, fraternales, respetuosas, y verdaderas. Estamos seguros de que un mundo mejor es posible, y para eso trabajamos, y vamos", concluyó.
España rechazó "de manera tajante" el contenido de la nota de la Cancillería nicaragüense y exigió al Estado de Nicaragua que "cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos y sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política".
La Unión Europea y España así como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido han criticado el hecho de que, desde mayo pasado, ya son 32 los líderes y candidatos de la oposición nicaragüense detenidos y acusados de traición a la patria, lo que les impedirá presentarse a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre. El exdiplomático Mauricio Díaz es el último arresto conocido.
El Gobierno nicaragüense llamó este lunes también a consultas a sus embajadores en México, Colombia, Argentina y Costa Rica, cuyos gobiernos criticaron la ola de detenciones a opositores y rivales del presidente Daniel Ortega, según anunció la vicepresidenta Rosario Murillo, quien indicó que se debe a una acción de "reciprocidad" en el marco de la Convención de Viena.
Murillo manifestó que "ha observado y considerado con seriedad y madurez, con gran paciencia los constantes e inmerecidos señalamientos irrespetuosos, injerencistas, intromisores e intervencionistas en nuestros asuntos internos de parte de las máximas autoridades de estos países".
Argentina y México retiraron a mediados de junio a sus embajadores, mientras que Costa Rica congeló el nombramiento de su representante y Colombia hizo lo propio el mes pasado en medio de una ola de arrestos a opositores.
Los embajadores que fueron llamados a consultas son Duilio Hernández Avilés (Costa Rica), Orlando Gómez (Argentina), Juan Carlos Gutiérrez Madrigal (México) y Yara Pérez (Colombia).
