Le faltaba poco tiempo para cumplir los tres años en España cuando Ibrahima se chocó de madrugada con la brutal paliza de tintes homófobos que acabó con la vida de Samuel, el joven homosexual asesinado en A Coruña. El ciudadano senegalés, junto a su compatriota Magatte, intervinieron para intentar socorrer a la víctima y sus amigos, y recibieron algunos golpes mientras intentaban frenar la agresión.
Después de que se descubriese que estas dos personas, cuyo testimonio ha sido "clave" en la investigación, residían en Galicia sin papeles, el Gobierno ha anunciado que procederá a su regularización por circunstancias excepcionales.
"En situaciones de este tipo, en las que se producen comportamientos de humanidad y compromiso cívico, poniendo en riesgo la propia vida, el Estado tiene la obligación de reconocer moralmente esos valores con algo tan sencillo como la documentación que les permita trabajar en España", explicó este martes en Cadena Ser el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, quien aseguró que la intención del Ejecutivo es resolver el procedimiento de regularización en un "plazo muy breve". La medida es extraordinaria, pues la Ley de Extranjería obliga a las personas que llegan a España sin papeles a enfrentarse a duros requisitos para conseguir regularizarse.
En su mayoría, los migrantes sin papeles deben vivir de forma clandestina durante al menos tres años en el país antes de poder solicitar su documentación por la vía del arraigo, que incluye la presentación de un contrato de trabajo indefinido, una exigencia complicada de conseguir también para cualquier ciudadano español o con permiso de residencia, atendiendo a la situación actual del mercado laboral.
Según Informativos Telecinco, Ibrahima, el hombre que frenó el primer ataque contra Samuel, estaba a punto de alcanzar ese periodo de permanencia de tres años en España impuesto por la normativa para comenzar a tramitar su permiso de residencia. Durante este tiempo, trabajaba como vendedor ambulante y daba clases de español en la ONG Desarrollo Gaia, con el objetivo de formarse para llegar a emplearse en el sector de la pesca una vez regularizada su situación, según ha informado la organización a este medio.
Tras el anuncio de la Secretaría de Estado de Migraciones, Ibrahima y Magatte podrán esquivar estos requisitos y obtendrán un permiso de residencia y trabajo en un "plazo breve". El reglamento de Extranjería incluye disposiciones que permiten "proceder a documentar por circunstancias excepcionales" a personas en situación irregular, habitualmente concedidos por razones humanitarias. Se trata, según matizó Jesús Pereira, de casos "extraordinarios, puntuales y tasados" que la Administración debe "acreditar con el máximo de herramientas" para solicitarlo.
Ambos ciudadanos colaboraron en la investigación policial, con un testimonio "clave" para poder identificar a los detenidos. Según reconoció el mismo secretario de Estado, lo hicieron a pesar del riesgo que las personas sin papeles se enfrentan cuando acuden a una comisaría a denunciar un delito. Son varios los casos documentados de migrantes en situación irregular que, cuando acuden a dependencias policiales a poner una denuncia, los agentes inician sus trámites de expulsión del país. Tras una queja de la organización Valencia Acoge, el Defensor del Pueblo recomendó al Ministerio del Interior "dictar las instrucciones precisas" con el objetivo de que estas personas sin papeles "presuntas víctimas de un delito puedan formular denuncia sin que se les derive, por esta causa, a la incoación de un procedimiento sancionador que conlleve su expulsión del territorio nacional". No obstante, la Secretaría de Estado de Seguridad se negó a aceptarla.
El caso de Ibrahima y Magatte recuerda a Mouhammad Fadal Diouf. El joven de 27 años, también senegalés , participó en el rescate de un hombre que cayó a la ría de Bilbao a finales de junio. Las imágenes de Mohammad en el agua tratando de salvar la vida a un señor, fueron difundidas por diferentes medios de comunicación. No era la primera vez, ya había salvado a una mujer en el mismo lugar. En una entrevista con el periódico Deia, el ciudadano contaba que, tras cuatro años en España y después de realizar un curso de formación de marinero, aún no había logrado cumplir todos los requisitos para conseguir los papeles. Una petición de Change.org recopiló más de 47.000 firmas para solicitar al Gobierno su regularización, pero el Ejecutivo no ha respondido a esta petición.
En Francia, Mamoudou Gassama apareció en los medios de comunicación internacionales por otro acto heroico. El joven escaló cuatro pisos en pocos segundos para salvar la vida de un niño que permanecía agarrado de la barandilla de un balcón a punto de caer desde lo alto de un edificio. Se le conoció como el 'Spiderman' de París.
Este ciudadano era uno de los miles de migrantes que cruzaron el Mediterráneo desde Libia, la ruta más mortífera del mundo. Una vez en Italia, el viaje debía seguir hasta Francia, el país comunitario donde vivía su hermano, según informó elDiario.es. Tras su épico rescate, su vida en Francia dio un vuelco: "Es un gesto de heroísmo. Deseo que podamos adoptar una decisión excepcional con usted", le prometió en 2018 el presidente francés, Emmanuel Macron, el mismo que pretendía complicarle aún más su estancia en el país antes de su gesto heroico, a través de un enudrecimiento de ley migratoria. Tras haberlo recibido en el Elíseo, el mandatario le anunció la decisión de su naturalización, así como la concesión de un trabajo en el cuerpo de bomberos. Gassama difícilmente hubiera accedido a estas oportunidades si no tuviese esa fuerza y agilidad descomunales, por lo que varias ONG francesas criticaron la "hipocresía" de vanagloriar al joven mientras se empezaba a debatir en el Senado una nueva ley migratoria, que buscaba facilitar las expulsiones.
Colectivos antirracistas veían entonces un "trasfondo racista" en el hecho de que las noticias de actos heroicos cometidos por personas inmigrantes, más aún si se encuentran en situación irregular, suelen ser muy destacados en los medios de comunicación más que si quien tratase un hecho extraordinario fuese europeo. "Acostumbrados a que las noticias con inmigrantes sin papeles estén relacionadas con hechos negativos, cuando surge una positiva, llama la atención porque, de repente, son humanizados", analizaba entonces el periodista y activista Moha Gerehou en elDiario.es. "El buen inmigrante merece ser reconocido como persona solo si trepa, no para salvar su vida, sino la de la ciudadanía europea", escribió en esta línea Youssef Ouled en un artículo publicado en esRacismo.
Tras el anuncio del Gobierno de regularizar a los dos senegaleses que intentaron auxiliar a Samuel, Ouled mantiene su perspectiva: "Las vidas de las personas migrantes y racializadas solo cobran sentido cuando se ponen en riesgo para sostener la vida de las personas blancas", explica a elDiario.es. "Es un discurso tramposo porque quienes han sostenido la vida durante la pandemia, por ejemplo, han sido los y las temporeras migrantes sin papeles que han trabajado sin pausa y sin las medidas de las que disponíamos el resto. Para ellos no hay regularización".
El activista se refiere a la petición de acometer una regularización masiva de migrantes sin papeles tras el confinamiento, lanzada por más de 100 organizaciones y colectivos que defendían la vulnerabilidad extra de las personas que viven en España en situación irregular durante la crisis sanitaria, a pesar de que miles de ellas estuviesen empleadas de forma clandestina en actividades consideradas esenciales, como el trabajo doméstico o la recogida de la fruta.
Carolina Elías, portavoz de la organización Servicio Doméstico Activo, ha celebrado el anuncio del Gobierno de otorgar los papeles a los ciudadanos que intentaron ayudar a Samuel. "Me parece muy positivo, se lo merecen por arriesgar su propia vida y su situación en España, pero nos encantaría que esto se extienda a muchos más casos. Es un caso mediático, pero hay más casos", dice Elías, quien cita a las trabajadoras del hogar. "El Estado debe ver que las personas que hemos estado en primera línea cuidando a los hogares, que se quedaron confinadas en el lugar de la residencia de la persona mayor, han expuesto su vida y su salud también son heroínas que merecían la regularización, e incluso la nacionalización por esta causa, como tanto hemos exigido desde Regularización Ya", sostiene la activista.
Lo mismo piensa Seydou Diop, portavoz de Asnuci, qua apoya a los temporeros en Huelva. "Me alegro mucho de que les den los papeles, han ayudado a la investigación y se han arriesgado. Se lo merecen", dice. No obstante, se acuerda de sus compañeros jornaleros: "Durante el confinamiento, éramos héroes porque dimos la cara por España. Recogimos la fruta y no paramos, por eso pedimos un gesto de reconocimiento para dignificarnos, pero no nos escucharon".
