España ya emite y acepta el certificado Covid digital de la Unión Europea, que será oficial desde el próximo 1 de julio en todo el territorio comunitario. Una idea que finalmente ha cuajado para favorecer al turismo dentro de la UE pero que de la que ya se hablaba hace un año.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, propuso esta medida en julio del año pasado. El gobierno de la región anunció entonces la puesta en marcha de lo que ellos llamaron 'cartilla Covid', un registro en el que figuraría si la persona había contraído la enfermedad y, por tanto, tenía anticuerpos de la misma, así como el resultado de las pruebas que se le hubieran realizado: «No busca generar privilegios, sino tener información adecuada de las personas que han ido realizándose test», decía el exvicepresidente Ignacio Aguado.
Ante este plan del gobierno de Ayuso, la izquierda se cerró en banda. El por entonces Ministro de Sanidad, Salvador Illa, se opuso argumentando que «ningún organismo internacional apoya una medida de este tipo». El exdiputado del PSOE en la cámara madrileña, Ángel Gabilondo, calificó la cartilla como «polémica», vaticinó que no iba arreglar nada, sino que generaría más problemas y añadió que «discrimina a unas personas respecto a otras».
José Manuel Franco, ex delegado del Gobierno en Madrid y actual Presidente del Consejo Superior de Deportes, aseguró que el certificado Covid iba a crear ciudadanos «de primera y de segunda» y tildó la efectividad de la cartilla de «dudosa».
Mónica García, tampoco lo vio con buenos ojos en aquel momento. Dijo que se trataba de «una medida a posteriori» y cuya utilidad era desconocida.
Desde Podemos, Rita Maestre dijo que se trataba de una «pequeña bomba de humo para no hablar de lo fundamental», y la portavoz de Sanidad del grupo morado, Vanessa Lillo, acusó a la Presidenta de «hacer populismo sanitario» con una medida que «ni responde a criterios científicos ni mucho menos responde a criterios éticos».
Pero las críticas no solo llegaron del ámbito político. Ciertos sectores de la sanidad también censuraron el pasaporte Covid. Desde el sindicato médico AMYTS cuestionaron la utilidad de la cartilla: «Es muy difícil saber el estado inmunitario de la población y mucho más poderlo plasmar en una cartilla que nos permita la movilidad sin ningún tipo de peligro».
Incluso la Coordinadora del Tercer Sector llegó a elevar una queja al Defensor del Pueblo por considerar que vulneraba «los derechos de la población».
El tiempo ha terminado dando la razón a Presidenta de la Comunidad de Madrid. Casi un año después de esta propuesta, la Unión Europea la pone en marcha para facilitar el turismo comunitario y que aquellas personas que se han vacunado o han contraído el Covid puedan viajar sin la necesidad de realizarse un test.
