A pesar del aumento de la esperanza de vida, el juez que instruye la causa contra el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra no cree que el préstamo que orquestaron el expolítico del PP y su hija Claudia sobre una vivienda de lujo en Pozuelo de Alarcón (Madrid) fuera real. Más bien, según apunta el instructor Jacobo Pin en el auto al que ha tenido acceso elDiario.es, se trata de una treta para "simular una situación patrimonial ficticia" con el objetivo de esconder la propiedad a la Agencia Tributaria y evitar así pagar las deudas previstas por la sentencia firme que lo condenó. El supuesto préstamo debía ser devuelto con un plazo de amortización de cinco décadas, cuando Fabra tuviese "117 años", destaca el magistrado.
La vivienda, situada en la urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón (Madrid) tiene una superficie construida de 546 metros cuadrados y fue adquirido por la empresa familiar Carmacas SL, a pesar de ser una empresa prácticamente sin ingresos por actividades mercantiles. Con tres plantas, garaje y piscina, según los datos consultados en el catastro, la propiedad está situada en una de las zonas más exclusivas de la capital, protegida con seguridad privada y con vecinos famosos del mundo de la televisión y del fútbol profesional.
La simulación comenzó pocos meses después de que se incoara la causa penal contra el expolítico del PP, mediante la sociedad familiar Carmacas SL, dedicada a los servicios en materia de asesoramiento laboral y de formación para prevención de riesgos laborales. Claudia Fabra, apoderada de la mercantil, intermedió para adquirir la lujosa vivienda por un importe de 691.173 euros. Poco después de ser nombrada apoderada de Carmacas SL, la hija de Fabra y su marido Fernando Castro Izuzquiza (directivo del sector de las telecomunicaciones y candidato del PP en una lista electoral del 2003) suscribieron un contrato de alquiler con la mercantil por un precio de 2.200 euros mensuales y por un plazo de una década.
El contrato estableció la vivienda como domicilio familiar del matrimonio y destinaba las cuotas abonadas desde cuentas de la pareja del contrato de alquiler a pagar el préstamo hipotecario pendiente. Cuando Fabra empezó a tener problemas con la justicia, su hija "simuló comprar a su padre" la totalidad de las participaciones en Carmacas SL, con un llamativo aumento del precio. La sospechosa adquisición disparó el valor de la empresa en un 4.723%. Si en la constitución de la sociedad, cada acción tenía un valor nominal de 30,05 euros, la compra de la participación de Carlos Fabra le salió a su hija por un precio de 1.449,61 euros cada participación.
La empresa, constituida ante el notario de Castelló Joaquín Serrano Yuste, relacionado con el PP, también pagó a la ex mujer de Fabra una nómina de 24.658 euros entre febrero del 2007 y julio del 2008 pese a carecer de actividad real alguna. Así, el entonces presidente de la Diputación de Castellón trazó una "mera estrategia de despatrimonialización", a tenor de que la venta se realizó "sin ningún tipo de flujo de fondos" y con un aplazamiento del pago de la compraventa por 16 años.
Cuando Fabra fue condenado en sentencia firme en 2013 por la Audiencia Provincial de Castellón, ante un requerimiento de la Agencia Tributaria, su hija Claudia presentó un "supuesto contrato de cuenta de crédito" entre el expolítico del PP, como acreedor, y la mercantil Carmacas SL, como deudora, por el que se aumentaba el límite de la cuenta de crédito de 315.000 euros a 600.000, se reducía el tipo de interés anual del 5% al 4% y se aumentaba el plazo de amortización de cinco a 50 años a partir de la renovación, es decir cuando el expresidente de la Diputación de Castellón "tuviese 117 años", destaca el magistrado.
Además, añade el auto, "para acreditar una supuesta insolvencia futura y desprenderse nominalmente del capital para ocultar sus bienes sin perder en realidad el control", Fabra transfirió desde cuentas personales a cuentas de la mercantil Carmacaas SL "una importante cantidad de dinero". El yerno de Fabra no solo conocía la "operativa defraudadora", sino que "participaba directamente" en el manejo de los fondos y daba cuenta "puntualmente" a su suegro de la situación de la empresa, tal como acreditan varios correos electrónicos intervenidos en la vivienda del expolítico del PP.
Del contenido de uno de los e-mails, sostiene el magistrado, "se desprendería el diseño de una operación mercantil" por parte de Fernando Castro para simular el pago de una deuda pendiente de Carmacas SL con Fabra y su esposa "a través del flujo circular de unos mismos fondos por distintas cuentas hasta volver a la cuenta de origen". Fabra y su ex mujer, así como la hija del matrimonio y su marido, figuran como investigados en la causa.
